Con la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas aprobada por el Congreso local se tendrá el 10 por ciento del presupuesto estatal para este sector, el cual deberá ejecutarse de manera transversal conforme a las necesidades que tengan.
Así lo señaló, en entrevista con Ángulo7 Radio, Rafael Bringas Marrero, director del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas (IPPI), quien lo calificó como un “gran acierto”, ya que serán recursos en todas las áreas del gobierno, entre ellas salud y educación, para las acciones que se hagan.
Además de que el IPPI será la instancia que coordinará, planeará, evaluará y dará seguimiento para los proyectos que se pongan en marcha, pues “no se puede entender el desarrollo de los pueblos” al margen de los gobiernos, pues tiene que partir desde el interior de las comunidades.
“Debe ser con un enfoque de planeación territorial porque nuestros pueblos son muy capaces de consensuar, además de que no es cualquier tipo de presupuesto, sino que ahora las comunidades decidirán sus acciones con el enfoque, visión e identidad que tienen como comunidades”, expresó.
Al señalar representan más del 10 por ciento de la población en el estado y en esa cifra debe basarse el presupuesto, recordó que la ley ya se había aprobado en 2021, pero no se cumplió con el proceso de la consulta y sus bases, lo cual fue cuestionado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo invalidó y ordenó hacerlo.
Por su parte, Ramón Vergara Sotero, del Comité de Descendientes de Indígenas del Sexto Batallón de Zacapoaxtla, resaltó que lo importante es que los siete pueblos indígenas se reunieron en sus regiones con las asambleas para que aportaran sus opiniones y solventar los faltantes que tenía la ley.
Agregó que esta ley, aprobada con sus modificaciones el 9 de noviembre, permitirá saldar una “deuda histórica” a las comunidades que por años han estado fuera del diseño de las políticas públicas, ya que no eran consultadas en los planes de desarrollo municipales y ahora podrán hacer valer sus derechos.
“Va tener una función importante para hacer valer los derechos de todos nosotros, es un precedente en el estado porque nunca se había consultado a los pueblos para poder lograr consensuar el sentir, optimizar nuestras necesidades y ponerlas en una agenda de proyectos desde el territorio y no solo del escritorio”, enfatizó.
Reforma constitucional, sin avanzar
En tanto, Larisa Ortiz Quintero, jurista indígena, mencionó que es una ley que está dando legitimidad y relevancia jurídica pues derivó en la creación del IPPI, pero igual muestra que la consulta indígena debe ser indispensable para la implementación de políticas públicas en pueblos y comunidades.
Recordó que a nivel nacional se tiene la iniciativa de reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, la cual fue enviada desde septiembre del 2021 a la Consejería Jurídica de la Presidencia, aunque no ha avanzado.
Dijo que no hay condiciones de que se pueda presentar ante el Congreso de la Unión para su análisis a pesar de que ya fueron llevadas a cabo asambleas y consultas, ya que no contaría con la mayoría calificada, por lo que mientras eso ocurre se está haciendo difusión del proceso que se realizó.
Y es que dicha reforma plantea modificar 15 artículos de la Constitución federal a partir de la historia, raíces y cultura ancestral, como un acto de elemental justicia y humanidad, que responda a largas luchas de resistencia contra la persecución, hostigamiento, exclusión, discriminación, racismo y despojos que han sufrido los pueblos indígenas de México.
