Céspedes pide a Fundación Jenkins no implicar a Estado ni alumnos en conflicto. Foto: Especial
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que su administración no tiene injerencia en el conflicto entre los miembros de la Fundación Mary Street Jenkins, pues se trata de un tema entre familiares, por lo que la llamó a no involucrar al Estado ni a estudiantes de la Udlap.
Esto, luego de que, a través de un comunicado, la fundación dio a conocer que el pasado 4 de marzo la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, a cargo de José Daniel Vázquez Millán, inició un proceso administrativo para relevar a los integrantes del patronato y colocar a una nueva junta directiva, lo cual acusó de ilegal.
Al respecto, en su rueda de prensa de este jueves, el mandatario poblano sostuvo que es un tema que se dirime en otra cancha y no forma parte de la agenda del estado, por lo que en su momento las autoridades judiciales que tienen este caso deberán dar una resolución.
El titular del Poder Ejecutivo manifestó que la Junta actuó de acuerdo a un resolutivo y acató un mandato judicial, ya que seis integrantes de la familia Jenkins aun cuentan con órdenes de aprehensión, por lo que no tubo injerencia el gobierno.
“Espero que las partes involucradas en este tema entre particulares, incluso entre la familia, nos ayuden a ser respetuosos del Estado, que no involucren en su estrategia legal y mediática al Estado, a los estudiantes, en su momento, al espacio de su familia”, expresó.
Comentó que el gobierno estatal se mantendrá al pendiente para brindar seguimiento al tema, pero también es “muy respetuoso de ello”, al tiempo de señalar que “el Estado no es ni parte ni juez en este asunto”
“Nosotros estaremos muy atentos. Y en el caso de la Junta, pues solo resuelve o acató un mandato judicial”, subrayó.
Pleito entre particulares
Es de mencionar que los señalados están involucrados en el desfalco a la Fundación mediante el envío de 630 millones de dólares que equivalen a 12 mil 689 millones de pesos con destino a paraísos fiscales de Barbados y Panamá.
El litigio fue iniciado por Guillermo Jenkins de Landa, el de la familia, quien fue patrono de la fundación en un principio y que acusa a sus familiares hermanos y madre) de desfalcar el patrimonio de la fundación.
