El bloque opositor PRI-PAN-PRD y MC en el Senado presentó una acción de inconstitucionalidad en contra el “plan B” de la reforma electoral ante la SCJN, mientras que el INE tomará acciones legales para anular la propuesta del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Dicha Acción de Inconstitucionalidad, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca echar abajo el decreto por el que se reforman, diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que el pasado 15 de diciembre de 2022, fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el grupo opositor de legisladores, estas modificaciones, buscarían alterar el principio de neutralidad en las contiendas electorales, vulnerar la legalidad y atentar en contra de la Constitución al violar la veda legislativa promulgando una ley en materia electoral sin respetar el plazo de 90 días previos al inicio de los procesos electorales.
Además, argumentaron que, su aprobación atentaría en contra del proceso parlamentario, así como los principios de publicidad, deliberación democrática y debida motivación, que consideraron, fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados, buscando el beneficio de Morena y sus candidatos.
“El gobierno federal busca modificar las reglas del juego en beneficio de su partido y sus candidatos, lo que constituye un atentado a las libertades de los mexicanos”, se expresa en un documento emitido por el llamado bloque de contención del Senado.
INE presentará recursos legales contra plan B
Por su parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), acordó presentar acciones jurídicas ante todas las instancias posibles con el fin de impugnar la reforma impulsada por el poder ejecutivo, advirtiendo que ésta, ocasionaría retrocesos, violaciones de derechos, inconstitucionalidades y podrían en riesgo las elecciones del 2024.
Tras la votación, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, instruyó al secretario ejecutivo del Consejo General, Edmundo Jacobo, interponer todos los recursos jurídicos al alcance del instituto contra dicha iniciativa, pues dijo “busca desmantelar al sistema electoral y es contraria a lo que establece la Constitución”.
En este sentido, el consejero Ciro Murayama declaró que el llamado “plan B” es inconstitucional, además de dañar la certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad y máxima publicidad.
“Y a pesar de que algo funciona bien en México son las elecciones, la propuesta de la mayoría es despedir sin ningún análisis de su trabajo y desempeño, solo por capricho, a los profesionales que hacen posibles las elecciones”, agregó Murayama.
Cabe señalar que, entre los cambios que considera esta reforma, destaca la la reducción estructura orgánica del INE y de los organismos públicos locales, que pasan de carácter permanente a temporal, reduciendo su número de 300 a cerca de 260 durante etapas no electorales, además de la disminución del gasto de los órganos electorales y el cumplimiento del artículo 127, que estipula que la percepción salarial de los consejeros electorales no será mayor a la del presidente de la República.
