SCJN invalida decreto para clasificar obras de 4T; AMLO revira con otro
SCJN invalida decreto para clasificar obras de 4T; AMLO revira con otro. Foto: SCJN y AMLO
SCJN invalida decreto para clasificar obras de 4T; AMLO revira con otro
SCJN invalida decreto para clasificar obras de 4T; AMLO revira con otro. Foto: SCJN y AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo presidencial para declarar “de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras prioritarias del gobierno federal; en respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó uno nuevo para blindar el Tren Maya, el Corredor del Istmo y tres aeropuertos.

En la sesión de este jueves, el pleno del máximo tribunal aprobó, por mayoría de 8 votos, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para resolver la controversia constitucional 217/2021, promovida por el INAI en contra del Poder Ejecutivo Federal.

El ministro planteó echar abajo el decreto publicado el 22 de noviembre de 2021 debido a que abriría la puerta a reservar, con el alegato de seguridad nacional, toda la información relativa respecto a proyectos y obras federales, lo cual contravenía la facultad del INAI.

El artículo primero del acuerdo –señaló el pleno–, que declaraba de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del gobierno federal, permitía, por su amplitud y ambigüedad, que toda la información relativa pudiera ser considerada como reservada.

En este sentido, se contravenía la facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para delimitar los alcances de la seguridad nacional y el interés público frente al derecho de acceso a la información, regido por el principio de máxima publicidad.

La mayoría del pleno también consideró que el acuerdo desnaturalizaba el carácter excepcional del recurso de revisión que puede promover la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de las determinaciones del INAI ante la SCJN, lo cual iba en detrimento de la autonomía del Instituto actor.

Por lo que se refiere a los artículos segundo y tercero del decreto, en los que se ordenaba a las dependencias federales otorgar autorización provisional de 12 días para iniciar los proyectos señalados, el Pleno consideró, por mayoría de 6 votos, que dichos preceptos creaban un régimen de autorizaciones administrativas excepcional al ya previsto.

Los ministros acordaron discutir los efectos de esta resolución durante la próxima sesión del pleno de la SCJN.

Votaron a favor de invalidar el acuerdo presidencial los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Alcántara Carrancá (ponente), Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y, la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández.

En contra de invalidar el decreto presidencial, estuvieron Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

AMLO publica nuevo decreto

Apenas unas horas después de emitirse la resolución de la SCJN, el presidente López Obrador publicó un nuevo decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

En este, declara que “son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”.

Lo anterior, con base en los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional realizadas el 11 de julio de 2022 y 3 de mayo de 2023.

El nuevo acuerdo entrará en vigor este viernes 19 de mayo y, con él, López Obrador buscaría reservar información sobre al menos dos de sus megaproyectos aún en construcción, pues ha acusado que los datos obtenidos por transparencia han sido usados por grupos de presión adversos a su gobierno.

LPR

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