Con su iniciativa de reforma a la Ley Minera, aprobada y sin cambios desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone garantizar la consulta indígena previa a proyectos mineros y reducir de 50 a 15 los años de las concesiones.
La propuesta, enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, plantea modificaciones importantes al esquema de otorgamiento de las concesiones mineras en México, por lo que se eliminan de la ley los conceptos de terreno y primer solicitante.
De esta manera, los contratos únicamente se podrán otorgar a las mineras mediante concursos públicos y bajo condiciones mínimas que aseguren beneficios al Estado mexicano y la población, además de garantizar la preservación y restauración del medio ambiente, así como controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
La explotación minera pierde su carácter preferente, por lo que no podrá justificar la expropiación en favor de particulares e incluso del interés nacional. Además, los titulares de concesiones pierden el derecho a expropiar tierras para sus actividades de explotación.
En cuanto a las consultas, estas deben ser previas, libres e informadas a los pueblos indígenas y afromexicanos.
En 2019, López Obrador dio a conocer la existencia de 25 mil 267 concesiones en 21.3 millones de hectáreas del país, lo que equivale al 10.6 por ciento de la superficie del territorio nacional.
Sin embargo, sostuvo que, a partir del gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994), que para él marca el inicio del neoliberalismo en México, el Estado cedió a mineras 117 millones de hectáreas, que equivalen a más del 50 por ciento del territorio.
En este contexto, durante cuatro años, ha reiterado que su gobierno no otorgará concesiones para nuevos proyectos de explotación minera.
LPR
