La diputada federal del PVEM, María del Carmen Pinete Vargas, propuso imponer sanciones a quienes no voten en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato, con las cuales la credencial de elector quedaría suspendida por un año como medio de identificación.
La iniciativa plantea adicionar un párrafo a la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política para establecer que “La infracción a lo dispuesto en la presente fracción sin causa justificada se sancionará con la suspensión por un año de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal o multa equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Asimismo, sugiere que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá hacer las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente a la justificación que en derecho se defina para la omisión del sufragio.
El argumento para las sanciones es que el ejercicio del voto en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, además de ser un derecho, es también una obligación, de acuerdo con el artículo 36 constitucional.
Asimismo, a pesar de que desde hace años se han emprendido campañas de concientización por parte de autoridades electorales federales y locales, sobre la participación ciudadana en los procesos electorales, todavía no se ha podido elevar el porcentaje de electores, por lo que en comicios de 2022 y 2023 más de la mitad de ciudadanos y ciudadanas no votaron.
Menciona que en la actualidad se tienen contabilizados 27 países en los que, además de considerarse el voto como obligatorio, se cuenta con sanciones aparejadas a su inobservancia.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Reforma Política-Electoral para opinión.
