Luego de que diputados y senadores del bloque PRI-PAN-PRD buscaran echar abajo la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (Lghtci), presidencia sostiene la validez de esta ante la SCJN, ya que cumple con garantizar el derecho humano a la ciencia.
A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), la presidencia de la república asegura que con la nueva ley del Consejo Nacional Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt) se garantiza las libertades de investigación, de cátedra y de expresión, necesarias para el desarrollo democrático de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación.
Esta ley general vincula la producción científica con la solución de las necesidades sociales, como la pobreza extrema, la salud o la inseguridad. Se implementan Programas Nacionales Estratégicos orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de las problemáticas nacionales.
Como parte de las modificaciones a la ley, se busca reasignar miles de millones de pesos —que se asignaban a empresas privadas como Monsanto o Coca Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario— evitando el despilfarro de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores que a través de 91 fideicomisos se entregaron, sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada.
Tal es el caso de Juan Carlos Romero Hicks, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) quién también fue director del entonces Conacyt, de 2006 a 2011, y destinó recursos públicos por un total de 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SAB de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico.
Otro de los diputados que se oponen es Santiago Creel Miranda, también del PAN, quién el último día de su gestión solicitó a la SCJN dar atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley, con la finalidad de revertir esta reforma que permite que todos los estudiantes de posgrado en escuelas públicas cuenten con un tipo de beca, cuyos recursos se entregan directamente, sin intermediarios, lo que implica un incremento de más 38 por ciento en la inversión para 2023, en comparación con 2017.
Por lo anterior, la presidencia de la república hace un llamado a la SCJN para confirmar la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, en respeto a la libertad configurativa del Congreso de la Unión consagrada en el artículo 73, fracción XXIX-F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
