La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó fallo del ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que busca dejar sin libros de texto, por tiempo indefinido, a estudiantes de nivel básico del estado de Chihuahua.
Bajo el argumento de que la resolución viola los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución. No obstante, en lo referente a la educación el artículo 3° expresa con toda claridad: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”.
Incluso, para dar aportar más argumento legales, la consejería se remitió a el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua que dispone: Es responsabilidad de la autoridad estatal realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación Pública le proporcione.
A pesar de ello, la gobernadora de Acción Nacional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, promovió una controversia constitucional en contra de la distribución de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, misma que Luis María Aguilar tuvo que negar, ya que se contrapone con la misma Constitución chihuahuense.
La presidencia de la república lamenta que el ministro del máximo tribunal de México actúe flagrantemente en contra de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna como son la educación y el interés superior de los menores. Este impedimento, a que los alumnos gocen de los materiales necesarios para su educación, puede ocasionar un retraso en el proceso de aprendizaje de los menores que no se repararía en modo alguno.
Ante tan grave e insensata decisión, la presidencia solicitó que los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN asuman su responsabilidad, que ordenen la inmediata distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los infantes en la entidad.
En este sentido, también es responsabilidad de padres, madres de familia y tutores afectados por esta lamentable situación defender el derecho a la educación de sus hijas, hijos o pupilos, ante las autoridades competentes para que se entreguen oportunamente los libros de texto gratuitos.
