El Poder Judicial de la Federación (PJF) prohibió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruir información del caso Ayotzinapa, para “conocer las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”.
Lo anterior, deriva de la acción que realizaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos por abrir un juicio de amparo en contra del incumplimiento, por parte de la Sedena, del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de diciembre de 2018, donde se ordena que todas las dependencias de la administración pública federal que colaboren con el esclarecimiento del caso.
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— Centro Prodh (@CentroProdh) September 3, 2023
El Poder Judicial consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”, por lo que ordenó al ejército abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información” que los padres y expertos ha considerado de suma relevancia.
Los padres argumentan que esos actos violan su derecho a la verdad y el de la sociedad. Incluso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que el Ejército “ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia”.
Los afectados señalan la responsabilidad del titular de la Sedena, al encargado del Estado Mayor, de la Jefatura y Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y del director del Centro Militar de Inteligencia, entre otros.
El 15 de agosto, los padres de los normalistas presentaron una demanda de amparo, la cual fue negada por el juzgado quinto de distrito en materia de administrativa. Las familias interpusieron un recurso de revisión, el cuál fue resuelto el primero de septiembre por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y concedió la suspensión provisional.