Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fueron favorecidos con fallos emitidos por autoridades del Poder Judicial de la Federación, sobre la adquisición de inmuebles.
En el caso de Lozoya Austin, Ana Lilia Osorno Arroyo, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, determinó como improcedente la acción de extinción promovida por la Fiscalía General de la República (FGR), con la que pretendió obtener una residencia, ubicada en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
En el recurso presentado, la FGR afirmó que Lozoya Austin adquirió la propiedad, valuada en 38 millones de pesos, con dinero proveniente de los sobornos obtenidos por la compra de Agronitrogenados, la cual era propiedad de Altos Hornos de México.
La FGR buscó hacerse de la propiedad recurriendo a Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual prevé que los bienes pueden incautarse si son adquiridos con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, la juez Osorno Arroyo determinó que la demanda no era procedente, pues la residencia fue adquirida por Lozoya Austin en 2012, siete años antes de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita fuera agregado a la referida ley.
Con la determinación de la juez, el exdirector de Pemex puede recuperar su propiedad, aunque la FGR tiene la posibilidad de apelar la sentencia.
En lo que respecta al exgobernador de Tamaulipas, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no está obligado a revelar la fuente de los 14 millones 300 mil pesos con los que adquirió un departamento en Club de Golf Cañada de Santa Fe.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena apuntó que no era necesario hacer una excepción para revelar el secreto fiscal, pues el litigio que enfrentaba Cabeza de Vaca no era un caso penal o que involucrara intereses fiscales federales.
