
La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de que los municipios y los estados prevengan la preventa o venta de proyectos de vivienda sin las autorizaciones necesarias.
El dictamen, avalado por 442 votos a favor y remitido al Senado, establece que corresponde a los municipios prevenir y evitar la venta de inmuebles destinados a vivienda que no cuenten, previamente, con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes a la propiedad privada.
Esto, a fin de garantizar la seguridad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia.
Las leyes estatales deberán establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, de prevenir y evitar la venta de inmuebles destinados a vivienda que no cuenten, previamente, con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes a la propiedad privada.
El documento de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, argumenta que ante el aumento de casos en los que empresas inmobiliarias ofertan bienes inmuebles destinados para vivienda que no cuentan con los permisos, autorizaciones y licencias suficientes, los particulares han adquirido bienes que carecen de certeza jurídica.
Tal situación, añade, pone en riesgo su patrimonio, así como que muchas de estas construcciones irregulares no garantizan acceso a servicios básicos, comercios, espacios de usos colectivos, e incluso transporte, escuelas y servicios de salud.
De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 (PNV), en México una de cada cinco viviendas presenta carencias en el acceso a alguno de los servicios básicos (agua potable, drenaje sanitario, energía, entre otros).
Además, una proporción incluso mayor tiene un acceso deficiente a servicios como alumbrado público (49.1 por ciento) y pavimentación (51.1 por ciento) en su entorno inmediato, sufriendo también de acceso limitado a equipamientos, transporte, áreas verdes y espacios públicos.
LPR





