La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que personal militar incurrió en uso excesivo e ilegítimo de la fuerza al disparar a un vehículo con civiles desarmados, de los cuales cinco murieron, el 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Así lo asentó en la recomendación 95VG/2023, dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González, por violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, así como por uso excesivo e ilegítimo de la fuerza con armas de fuego.
De acuerdo con la investigación del organismo, el 26 de febrero de 2023, en calles de la colonia Cavazos Lerma, de dicha ciudad fronteriza, entre las 04:30 y 4:50 horas, 21 militares, a bordo de cuatro vehículos oficiales, siguieron una camioneta tipo pickup con siete personas por “sospecha”.
Sin que mediara amenaza real en contra de los militares o de terceros, ni emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, lo cual fue replicado por tres elementos más para dar apoyo al primer tirador.
De acuerdo con las constancias que obran en la indagatoria penal federal, no se encontraron armas dentro del vehículo particular. En tanto, los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego y ningún elemento militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego .
Además, todos los elementos militares involucrados en los hechos manifestaron ante el representante social de la Federación, que ninguno vio que del vehículo particular se originaran disparos de arma de fuego.
Sedena debe reparar daño
Por lo anterior, la CNDH recomendó al secretario de la Defensa Nacional que colabore en el trámite ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas agraviadas, incluyendo a los integrantes de sus núcleos familiares.
Lo anterior, a fin de que se proceda a la inmediata reparación integral del daño, que incluya la medida de compensación, en términos de la Ley General de Víctimas.
Además, que se otorgue la atención médica, psicológica y tanatológica que las víctimas directas sobrevivientes e indirectas requieran, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y ajeno a la Sedena.
Tiene que otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación, física, psíquica y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y mental, y sus especificidades de género.
También se le pide que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente ante el Órgano Interno de control en la Sedena en contra del personal que sin justificación legal alguna accionó sus armas de fuego en agravio de las siete víctimas directas, así como en los en la integración de la Causa Penal 1.
En el proceso penal derivado de las Carpetas de Investigación 2 y 3, a fin de que se investiguen y determinen las responsabilidades en materia penal de los cuatro elementos castrenses señalados como responsables y demás personal militar que la autoridad jurisdiccional y ministerial, en cada caso, determinen como responsables de los hechos en agravio de las siete víctimas.
La CNDH también solicitó y ofreció la propia participación, a fin de aplicar un plan amplio de capacitación y formación, que incluya el apoyo psicológico y de las condiciones en que desarrolla sus labores el personal militar.
Lo anterior incluye la impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza pública y el uso legítimo de las armas de fuego, dirigido al personal militar involucrado en los hechos.
LPR
