Este 14 de diciembre, Lenia Batres Guadarrama, fue designada como ministra del SCJN por el presidente Andrés Manuel López Obrador; en días previos dio a conocer su posición frente a que el Poder Judicial responda a la demanda ciudadana de democratización.
Mediante el foro internacional “La impartición de justicia en tiempos de la 4T: claves para la democratización del Poder Judicial en México”, organizado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), Lenia Batres junto con otros académicos latinoamericanos analizaron el papel del poder judicial en la consolidación de un Estado democrático.
En él, discutieron la necesidad de clarificar el papel de jueces, magistrados y ministros en un Poder Judicial que realice sus labores orientadas al bienestar y la justicia socioambiental y de establecer una nueva pedagogía jurídica orientada al bien común.
Durante su participación, en ese momento, como consejera adjunta de legislación y estudios normativos del Ejecutivo Federal, Batres Guadarrama, explicó que en la última década existió una contrarreforma al estado que relativizó la división de poderes para establecer un nuevo paradigma administrativo enfocado a una visión gerencialista.
En materia de división de poderes, este paradigma se enfocó hacia el esquema de supremacía judicial que asimila al sistema de Estados Unidos, y que busca dotar al poder judicial una función normativa, explicó la abogada.
El poder normativo que se la otorga al poder judicial, advirtió, tiene el riesgo de que, cuando se trata de sociedades elitistas, segregadas y conservadoras, el régimen constitucional recurra al amparo como un recurso generalizado.
Riesgos de no ampliar la democracia
En el caso de México, indicó Batres Guadarrama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido jurisprudencias en las que, por ejemplo, enuncia la democracia deliberativa a pesar de no ser un concepto reconocido en la constitución.
Por ello, consideró que la SCJN usurpa funciones del congreso de la unión, en donde, la Reforma Electoral y la Ley General de Comunicación Social fueron invalidadas por este organismo sustentada en las normativas que ellos mismos avalaron.
Este tipo de actos van progresando hasta darse el exceso judicial de invadir decisiones políticas con los que, en otros países, se han orquestado golpes de estado “suaves” avalados por la ley.
Nueva pedagogía jurídica
En la discusión del papel del poder judicial desde la teoría crítica y de la pedagogía de la liberación, el Dr. Antonio Carlos Wolkmer, profesor emérito de la Facultad de Derecho a la Universidad de Santa Catarina de Brasil, invitó a considerar no solo la producción de conocimiento, sino de un conocimiento encaminado a la transformación de la sociedad.
El académico reconoció que la deshumanización y la exclusión no deben ser parte de la esencia humana, por lo que el verdadero sentido del ser humano es la lucha por la libertad y la justicia.
“La importancia del diálogo intercultural, la participación comunitaria, e, igualmente, la formación de una conciencia crítica del mundo y una nueva relación descolonizadora, dialógica y plural” son, de acuerdo a Wolkmer, una propuesta metodológica necesaria para la educación jurídica.
