El INE ordenó a Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, detener la petición a 13 gobernadores de Morena, incluido Sergio Céspedes Peregrina, de Puebla, para invitar a los presidenciables del partido a sus estados, y a los mandatarios les pidió no hacer actos indebidos de promoción.
Este martes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares a Morena y a su dirigencia nacional, así como un pronunciamiento dirigido a gobernadores emanados del partido guinda.
En el primer caso, resolvió las denuncias presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sobre la utilización indebida de recursos públicos y la vulneración al principio de imparcialidad en la reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Delgado Carrillo y mandatarios morenistas.
El PRD denunció que, con esa misiva, el dirigente morenista llamaba a los gobernadores a realizar actos anticipados de campaña y tomar partida en el proceso federal ayudando a su partido.
En ese evento, el presidente nacional de Morena circuló una carta en la que pide a los gobernadores invitar a sus estados a los cuatro aspirantes de la “4T” a la candidatura del partido para contender por la Presidencia en 2024, entre los cuales reconoció a López Hernández, al senador Ricardo Monreal Ávila, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón.
La comisión concedió la tutela preventiva demandada por los quejosos al considerar que dicho documento “no tiene cobertura legal y puede contravenir disposiciones constitucionales que prohíben la realización de actos anticipados de campaña, así como la injerencia de personas servidoras públicas en la equidad de la contienda”, puedo las “invitaciones” beneficiarían indebidamente a los presidenciables morenistas.
En consecuencia, la comisión ordenó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena “que cese el envío o difusión del documento denunciado, en caso de que éste se continúe enviando o difundiendo”, además de abstenerse de elaborar otro en el que soliciten a funcionarios realizar conductas similares.
En cuanto a los gobernadores, la Comisión de Quejas y Denuncias estimó improcedente la tutela preventiva al considerar que se trata de actos futuros de realización incierta, pero emitió un pronunciamiento para que, en todo tiempo, “ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales”.
