La FGR procederá penalmente contra Francisco Garduño Yáñez, titular del INM, y cinco personas más por el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes; contra el funcionario, pesará el delito de ejercicio indebido del servicio público.
Así lo dio a conocer la noche de este martes, a través de un comunicado en sus redes sociales, donde destacó que los señalados incumplieron su obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas que estaban a su cargo.
Por el caso, obtuvo cinco órdenes de aprehensión más, una de ellas contra Antonio Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio; también contra Salvador N; Juan N; Cecilia N; y Eduardo N. Los últimos cuatro se encontrarían vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas. Es decir, la investigación continuará sobre estos delitos hasta lograr la vinculación a proceso de los responsables, destacó, al tiempo de señalar que hay otras 65 personas con lesiones por los hechos del pasado 27 de marzo.
La Fiscalía General de la República (FGR) también dio a conocer que ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo anterior generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
Asimismo, los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años volvieron a señalar, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
Y es que la empresa de seguridad privada y el propio INM suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
Al respecto, es importante mencionar que autoridades de otros países pidieron en días pasados actuar contra los responsables de las muertes en su mayoría, centroamericanos, así como desaparecer al INM, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que será hasta que la FGR complete la investigación cuando se decida el destino de dicho organismo.
