El litigante y acompañante de los padres de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, destacó que lo que exigen los familiares es que se entregue la información completa y que se mantiene oculta por su relevancia para el caso; además de que abriría las relaciones entre las autoridades y el crimen.
Durante el foro “A nueve años del caso Ayotzinapa ¿qué sigue? Elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación” organizado por Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó que su exigencia “no es un tema de politiquería, ni de grilla –como dice Andrés Manuel-, sino que es un llamado para que los militares pongan a disposición de las autoridades toda la información que tienen en su poder –ni quiera queremos que haga público (aclaró)- sino que se dé para que se investigue”.
Añadió que tampoco se busca “medrar la imagen del ejército, ni que traigamos una agenda oculta, o que queramos manipular a los padres de familia” y cuestionó “¿Qué interés tendríamos de decirle a los papás que se vayan contra el ejército?”.
El defensor de derechos humanos guerrerense explicó que uno de los 43 estudiantes es un agente encubierto -militar-, por lo que “seguramente pidió auxilio y estuvo reporteando; o si pidió ayuda para ser rescatado”. Agregó que eso fue descubierto por el Grupo de Expertos Independientes, no obstante, no se tiene esa información en su totalidad.
También denunció que al menos otros dos o tres elementos monitorearon en tierra las actividades de los estudiantes; además de otros dos agentes del C-4.
Denunció que los expertos también hallaron intervenciones, desde hace meses, sobre actores importantes como las policías municipales y el grupo delictivo de guerreros unidos.
“El GIEI encontró un documento dónde hay una intervención telefónica entre el jefe policiaco de iguala, francisco salgado valladares, y el jefe de plaza, el día 26 de septiembre, que refería que se están llevando a los jóvenes 17 de Barandilla municipal a la Brecha de los Lobos” acusó.
Explicó que los militares dicen que esos documentos no existen, “tenemos derechos a saber dónde está el documento completo de la comunicación”. Además de que “el militar que hizo esa intervención, tiene que declarar por qué, cómo, en qué contexto la hizo; se debe clarificar cual fue el dispositivo que se intervino primero, para que se hagan los análisis y nos dote de más elementos para saber quiénes participaron y, sobre todo, del paradero de los jóvenes.
Un acto, un enemigo
“Hay un actor que siempre aparece, el ejército mexicano, en las crisis políticas. Sale a sofocar a los insubordinados, a los que se rebelan, es el protagonista principal” reflexionó Vidulfo.
“Sigue siendo el ejercito el que monitorea la inconformidad social, por eso sale de nuevo en el caso Ayotzinapa. Es un ejército con una visión contra insurgente, que ve en cada persona crítica un enemigo que eliminar”.
En el caso de Ayotzinapa, “siempre se ha mantenido vigilada por ser un lugar donde estudio Otón Salazar –dirigente magisterial-, Lucio Cabañas –guerrillero-”, apuntó el litigante y sumo es “un enemigo a vigilar, no en vano inscribió a dos de sus elementos en la normal rural. Esta tenia monitoreados desde antes”.
Finalizó mencionando que se está viviendo un debate que confunde “por qué AMLO se ancla en que la información ya se entregó. Pero son documentos incompletos; además de que refiere a los primeros informes entregados al GIEI”.
Además de que los padres de los 43 ven difícil que el presidente apele a nuevos testigos. “Que las autoridades se pongan de lado de las familias, de las víctimas”.
