Con 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del ejecutivo para castigar el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, mejor conocidas como drones.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, deriva de una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal el 1 de agosto de 2023; en ella se reforma y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (Morena), expresó que en los últimos años los grupos delincuenciales han convertido los drones en una herramienta frecuente para la comisión de conductas delictivas, desde el halconeo y el tráfico de drogas, hasta la realización de ataques con explosivos y sustancias químicas.
De acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas, en México se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría de estos han ocurrido en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas utilizados contra el ejército, pero también contra civiles.
Establecen sanciones
La reforma contempla una pena de prisión de diez a veinte años a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, así como sustancias químicas que sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad, con el propósito de causar daño.
También contempla que cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.
De igual modo, se aplicará pena de prisión de cinco a diez años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte este tipo de drones.
Tras ataque con drones en Guerrero, piden atención de autoridades
Asimismo, a quien utilice drones que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, para vigilar actividades de personas servidoras públicas, con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra, se impondrá pena de tres a diez años de prisión y multa de 50 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
