Ante el desarrollo tecnológico que ha llegado a manos de la delincuencia organizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó una iniciativa al poder legislativo en dónde se castigará hasta por 60 años el uso ilícito de drones.
El uso de este tipo de aeronaves no pilotadas ha ido en aumento, pues han servido al desarrollo de tareas de paz como: control de incendios, desastres naturales, rescate de personas heridas, patrullaje en zonas fronterizas. Sin embargo, la delincuencia organizada utiliza esos artefactos para transportar explosivos que son lanzados contras personas, utilizados en enfrentamientos y contra autoridades distintos órdenes de gobierno.
La propuesta consiste en reformar y adicionar diferentes disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para castigar el uso de drones en contra de bienes o instituciones públicas y privadas, de la integridad física, emocional o vida de las personas; incluso si sólo crean un sentimiento de alarma, temor, terror a la población; o si presionan u obligan a alguna autoridad o particular. El castigo será de 15 a 40 años de prisión y una multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La propuesta también prevé también el uso de estos aparatos cómo arrojadores de cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados, así como sustancias químicas (solas o combinadas) que sean susceptibles de ser empleadas como explosivos con el propósito de causar daño. Esto implicará una pena de 10 a 20 años.
Asimismo hace la aclaración de que si el piloto u organización que maneje el aparato, así como la misma aeronave, forman parte de la seguridad nacional o pública, la pena aumentará hasta por una mitad. En el caso de los servidores públicos que pertenezcan a una corporación policial, además de lo mencionado, se les inhabilitará hasta por 10 años para desempeñar un cargo o comisión.
