El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió, la mañana de este martes, que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, pero en el sentido de autoridades locales y miembros del crimen organizado, aunque no descarta que hayan participado militares.
“¡Claro que fue el Estado! El Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay dudas, aunque hayan participado autoridades locales, de eso no hay duda. Pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió con Ayotzinapa tuvo que ver con decisiones de autoridades locales y la delincuencia”, expresó desde Palacio Nacional.
Planteó una separación de los hechos a partir de lo antes dicho pues dijo “que esa delincuencia tenía vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no evitado que desaparecieran los jóvenes y hubiesen cometido el delito de omisión, es otra cosa; a que el gobierno, desde arriba el presidente Peña o el general secretario de entonces, hubiesen ordenado la desaparición de los jóvenes. ¡No!”.
Volvió a reiterar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya ha entregado toda la información de la que dispone del caso, contrario a lo que dicen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, “son puras conjeturas”.
“No es real lo que están informando, porque yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que comprobara sus dichos. Una cosa es lo que dicen afuera y otra cosa es la realidad. ¡Ya basta de estar administrando el dolor de la gente! Porque no se debe utilizar el dolor del pueblo. No se puede estar engañando, hay que decir la verdad.”
Reconoció que le solicitó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, un informe para definir responsabilidad, acopiar pruebas y emitir las órdenes de aprehensión.
Lo anterior ante la posibilidad –así lo mencionó- de que los acusados se pudieran fugar “por la red de complicidades llegaba hasta la fiscalía y hasta la fiscalía especial, se iban a fuga todos. No íbamos a detener a nadie”.
El Presidente dijo que en esta etapa pasó algo muy raro “Hubo una rebelión en la Fiscalía General de la República y la fiscalía especial. Se negaron, esto el fiscal especial lo reconoce. La señora del GIEI me dijo a mí que necesitaban 90 días (…) Hay una rebelión y se queda el fiscal con dos o tres ministerios públicos, elaborando la documentación para presentar las órdenes de aprehensión. Renuncian personal de la fiscalía del caso y el mismo fiscal para dinamitar la decisión de actuar”.
A pregunta expresa sobre qué opinaba de las declaraciones del Comité del 68 contra la versión que dio de la participación del ejército en la represión del movimiento de 1968, el presidente manifestó que sí estuvo involucrado, pero esencialmente el Estado Mayor Presidencial.
Detalló que los militares actúan cumpliendo órdenes del presidente y del comandante supremo de las fuerzas armadas.
Durante las actividades presentadas por los 55 años de la matanza del 2 de octubre de 1698, los activistas del comité 68 acusaron que el genocidio quedó en la impunidad.
López Obrador respondió: “La respeto, pero no la comparo. Nosotros no somos represores, ni torturamos, ni ordenamos masacres. Somos distintos, venimos de un movimiento de lucha y a favor de causas justas”.
