Tras la recomendación que, a casi un año, emitió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) por la ejecución de tres activistas durante las protestas de 2022 en Coyomeapan, pobladores cuestionaron que la investigación no reconoció las amenazas y persecución por parte de la familia Celestino; además, tras dialogar con el gobierno estatal, esperan que el activista Gonzalo Martínez salga de prisión.
Así lo señalaron, en entrevista con Ángulo 7, Claudia Martínez Sánchez, presidenta del colectivo nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que ha acompañado los activistas que participaron en la protesta reprimida, y Zoilo Martínez Zárate de Unión y Fuerza por Coyomeapan.
Martínez Sánchez comentó que en este documento no solo se debió recomendar una disculpa pública de Daniel Iván Cruz Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos elementos dispararon contra los manifestantes.
También debe reconocer –dijo– la responsabilidad de Rodolfo García López, actual alcalde de la demarcación y esposo de Araceli Celestino Rosas, exalcaldesa, así como David Celestino Rosas, hermano de la misma, quienes han gobernado el lugar desde el 2011, incluso este último lo ha hechos dos veces.
Sin embargo, al gobierno municipal sólo le recomiendan dar capacitación al personal de la ambulancia local para no realizar actos que atenten contra los derechos humanos, así como dar vista a la contraloría municipal para el inicio de un procedimiento contra la síndica municipal por haber emitido informes de manera imprecisa y discrepante.
Entre las irregularidades del ayuntamiento, señaló una supuesta clonación de patrullas clonadas que pertenecen a la familia Celestino Rosas. Por ello, pidió que la CDH tome medidas más enérgicas y exhiba a los autores políticos relacionados con este hecho.
En mesas de diálogo, prometen libertad de Gonzalo
En tanto, Martínez Zárate detalló que el pasado 27 de abril hubo una reunión con el gobierno del estado de Puebla, en donde pactaron con el hijo del defensor indígena Gonzalo Martínez, que en 15 días máximo, estaría fuera de prisión.
No obstante, indicó que existen dudas si realmente esto sea posible o solo es una estrategia para calmarlos, debido a que anunciaron una marcha el 5 de mayo, aprovechando la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, para resaltar las problemáticas que se viven.
Narró que, en dicha plática, estuvo presente la CDH y que el gobierno estatal recalcó que el cierre de carreteras es delito federal y podían ir presos, ante lo cual los pobladores manifestaron que no hubo cobro para dejarlos ingresar, así que no se estaba cometiendo delito alguno.
De esta manera, también acusa intimidaciones y dinero de por medio, pues los familiares de los afectados no han querido hablar al respecto o decir de dónde provienen los recursos de una supuesta “reparación del daño”, si del estado, del ayuntamiento o de la misma familia Celestino.
LPR
