Para desregular la economía y permitir la privatización de empresas propiedad del Estado, el presidente de Argentina, Javier Milei anunció 300 medidas; la acción del político libertario revoca las leyes de Alquiler y de Góndolas.
Milei anunció su plan rodeado de algunos integrantes de su gabinete como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Luis Caputo, ministro de Economía, Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, y Nicolás Posse, jefe del Gabinete de Ministros, entre otros.
Las medidas fueron informadas como un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y ocurren tras la primera manifestación convocada por organizaciones y sindicatos en contra del plan económico, el cual consideró devaluación del peso argentino frene al dólar.
“Hoy es un día histórico para nuestro país, después de décadas de fracasos, empobrecimiento y anomias, hoy comenzamos el camino de la reconstrucción. Diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende política fiscal y monetaria”, afirmó el presidente argentino.
En el mensaje, Milei afirmó que intenta disminuir los efectos de la peor crisis que enfrenta el país sudamericano; sin embargo, tras dar a conocer solo 30 de las 300 acciones, habitantes de Buenos Aires, así como de otras ciudades, emprendieron un “cacerolazo” como muestra de rechazo.
Este nuevo decreto, denominado “Bases para reconstrucción de la economía argentina” entrará en vigor este jueves, una vez que sea publicado en el Boletín Oficial.
Destaca la derogación de la Ley de Alquileres bajo el argumento de que “el mercado inmobiliario vuela funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”; además, Milei también suprimió la Ley de Góndolas para frenar que el gobierno intervenga en las decisiones de los comerciantes.
Además, el decreto de Milei considera que las empresas propiedad del Estado pasen por un proceso de “transformación” en sociedad anónimas para, posteriormente, emprendan una privatización.
A la par, el plan deroga la Ley de Abastecimiento, la cual permitía sancionar a las empresas que no garantizaban la provisión de productos en los supermercados y comercios.
Las medidas también considera la competencia entre líneas aéreas con la implementación de una política de cielos abiertos y la modificación del marco que regula los servicios médicos prepagados.
