Roberto Rosete Guzmán, responsable del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría (Idhie), de la Universidad Iberoamericana, pidió que la evaluación de las propuestas para dirigir la Comisión de Búsqueda de personas sea pública y se tome en cuenta la trayectoria de los perfiles.
En rueda de prensa, refirió que este es un proceso importante, no solo para las víctimas, sino para que se materialice un compromiso y profesionalismo en la búsqueda de más de 2 mil 600 personas que se tienen reportadas como desaparecidas en el estado.
“Nos parece relevante exhortar al gobierno a que las propuestas se revisen de manera pública y con el principio de máxima publicidad, que se tome en cuenta la trayectoria en derechos humanos, en búsqueda en todas sus formas y la amplia experiencia de las personas que las presenten”, expresó.
Por su parte, Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo del activista Tomás Pérez Francisco desaparecido hace 33 años, manifestó que debe ser tomado con seriedad, ya que se pueda nombrar a una persona que entienda como son los procesos de una manera más integral y no solo desde lo que le toca del escritorio.
Es de mencionar que, como parte de la convocatoria que emitió la Segob la semana pasada, este martes se cierra el plazo para recibir los perfiles que puedan ocupar dicho cargo, a fin de que sean analizados y se entrevisten, lo cual se da tras la salida de María del Carmen Carabarín Trujillo.
Acusan omisión en caso de desaparecido en Pantepec
Por otra parte, durante la rueda, Guadalupe Pérez Rodríguez, acusó que, a 33 años de la desaparición forzada del defensor de la tierra, Tomás Pérez Francisco, quien es su padre, no se ha hecho justicia y en lugar de eso han sido revictimizados.
Dijo que la última información que se tuvo de su progenitor fue el primero de mayo de 1990 y, de acuerdo con la información que se tiene, un grupo armado lo interceptó en su camino a las comunidades vecinas de Pantepec y si bien saben que ha pasado mucho tiempo, exigen que se haga justicia para una víctima más de desaparición.
Y es que, dijo, esto ocurrió en el marco de la represión que había contra la comunidad conocida en ese entonces como “La Sabana”, en la que se dio una incursión policiaca y “guardias blancas” de la región, lo que derivó en que la localidad fuera quemada y aunque se instaló un campamento para resistir, pero no fue por mucho tiempo.
Aseveró que no desistirá de la búsqueda de verdad y justicia en un caso marcado por la impunidad, el racismo y el borrado de los pueblos originarios en la historia mexicana.
“El Estado tiene que asumir que toda la violencia se dio porque la permitieron. No la queremos pensar en abstracto. Que esta historia pueda servir para que otras familias no tengan que vivir lo mismo que nosotros, porque tiene que valer la pena tanto dolor, tristeza y años de espera”, expresó.
Por su parte, Rubén Ortiz Rosas, consultor independiente, quien analizó el caso desde el enfoque de larga data, señaló que la no localización del activista se dio en un momento de contrainsurgencia que persistía en México desde 1950, donde la desaparición forzada y la represión fueron prácticas fomentadas por el Estado ante la efervescencia política y social que se vivía.
