Durante el primer trimestre de 2022, 172 municipios de Puebla tuvieron disminuciones en informalidad laboral respecto al mismo periodo de 2021, entre los que destacó Chilchotla, donde la baja fue de 22.7 puntos; por su parte, 31 vieron incrementos y, en ese caso, el más preocupante fue el de Ocoyucan, donde avanzó 12.1 puntos.
Así lo dio a conocer el Inegi en sus indicadores laborales para los municipios de México con corte a dicho periodo, donde destacó que, en Chilchotla, el porcentaje de personas que trabajaban en la informalidad pasó del 97.8 por ciento, al 75.1, una disminución de 22.7 puntos.
Atexcal, por su parte, fue otro municipio donde hubo disminuciones en su informalidad laboral, al pasar del 100 por ciento, al 77.5, es decir, 22.4 puntos porcentuales; en tanto, Huauchinango tuvo una baja de 20.6 puntos, por lo que hasta el primer trimestre del 2022 su porcentaje de población que laboraba en la informalidad fue del 59 por ciento.
Respecto a Puebla capital, hubo una disminución de 2.1 puntos en población con trabajos informales, mientras que otros municipios de la zona metropolitana que vieron disminuciones fueron Amozoc, con una baja de 8.2 puntos; Juan C. Bonilla, con 10 puntos; Cuautlancingo, con 6.6; y San Pedro Cholula, con 1.3.
En contraste, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango y Ocoyucan figuraron entre los que registraron incrementos en informalidad laboral, siendo este último el que más alza tuvo en el estado.
El segundo municipio con mayor incremento en informalidad laboral fue Chila de la Sal, con un alza de 9.8 puntos; mientras que en Tecamachalco creció 8.6 puntos.
En la entidad poblana, el municipio de Cuautlancingo fue el que menor informalidad laboral registró, con el 43.2 por ciento de su población; seguido de San José Chiapa, con el 50.3; mientras que Puebla capital figuró en el tercer puesto, con un porcentaje de informalidad del 56.3 por ciento.
Es necesario destacar que la informalidad laboral, de acuerdo con el Inegi, se refiere a los puestos de trabajo que no cumplen con las regulaciones establecidas en la ley, como prestaciones de salud, vivienda o fondo de pensiones, además de que no están respaldados por algún contrato.
