Reforma a Ley Minera quita preferencia a IP, pero Senado debe revisar: Fundar
Reforma a Ley Minera quita preferencia a IP, pero Senado debe revisar: Fundar. Foto: Especial
Reforma a Ley Minera quita preferencia a IP, pero Senado debe revisar: Fundar
Reforma a Ley Minera quita preferencia a IP, pero Senado debe revisar: Fundar. Foto: Especial

Las reformas a la Ley Minera destaca por retirar la preferencia a las empresas sobre esta actividad, además de reconocer el derecho de las comunidades a la consulta previa ante proyectos extractivos, aunque el Senado aún debe revisar las concesiones de agua y los estudios de impacto ambiental.

Así lo señalaron, en entrevista con este medio, Maira Olivo Paz, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e Israel SamPedro Morales, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, quienes señalaron que, si bien es un avance de las demandas que se han tenido por año, todavía debe legislarse más.

Olivo Paz comentó que retirar el carácter de preferente de la minería es positivo. En el caso de la consulta, señaló que no solo implica
hacer el ejercicio, sino que se tenga el consentimiento de los pobladores, así como el programa de apertura, desarrollo y cierre del proyecto.

Además de que se prohíbe de esta actividad en Áreas Naturales Protegidas (ANP), lo cual representa un avance y que consideró necesario que se mantengan en el Senado durante el análisis de la iniciativa, al tiempo de afirmar que ya no se requieren que haya más foros, ni un parlamento abierto.

No obstante, manifestó que, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados, hay temas de la reforma que deben ser modificados por el Senado, como los estudios de impacto social, ambiental y de derechos que el Estado está obligado a hacer antes de determinar la factibilidad de algún proyecto sobre territorios indígenas.

Cabe mencionar que, para revisar la minuta, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, previó un periodo extraordinario después del 30 de abril.

Concesiones de agua, riego de conflicto

Sobre los permisos para el uso del agua de un acuífero por un periodo de 30 años, similar a la concesión de un proyecto minero, Olivo Paz señaló que implica acceso sin un control, sin que se vaya haber un monitoreo al respecto, dejando el régimen de excepción a las empresas, por lo que podría generar conflicto con los pobladores.

A esto, sumó que la temporalidad de que sea a 30 años, luego otros 25 y, de ser posible 25 años más, parecería que hubo mayor interés hacia la industria. “Es un avance mínimo, pero la exigencia al Senado que eso que es positivo se mantenga, así como corrija los preceptos que afectan a los derechos humanos como los estudios de impacto social de sus propias obras”.

Reconoce derechos, pero aún hay dudas

En tanto, Sampedro Morales mencionó que la propuesta inicial fue del presidente Andrés Manuel López Obrador que hizo suya la vacada de Morena en la Cámara de Diputados, en la cual se reconoce el derecho de las poblaciones antes que el otorgamiento de algún permiso para proyectos mineros.

Indicó que sí se tienen avances, pero en realidad son de demandas que comunidades han exigido desde años, pero igual se tienen algunas dudas de algunos lineamientos que se aprobaron por los diputados, pues en la ley no se prevé que ocurrirá cuando suceda algún incidente o un daño ambiental.

También consideró que la temporalidad de 80 años no cambia de manera sustancial a la que se tenía antes de 100 años, ya que es mucho tiempo que las mineras van a llevar trabajos a cabo, siendo principalmente de empresas extranjeras las que se están viendo beneficiadas.

Esto, ya que afirmó que México tiene un nivel de dependencia de la extracción y transformación de los recursos mineros.

“Todo lo que implica el derecho humano al agua queda muy limitado para que pueda garantizarse, porque siguen teniendo un régimen de excepción las empresas, hay algunas cosas positivas y otras que son negativas, por lo que confiamos que en el Senado esto sea tomado en cuenta y se revisen”, expresó.

Ambos manifestaron que es complejo que se termine la actividad minera en Puebla y el país, ya que a nivel nacional se tienen 11 millones de hectáreas concesionadas, pues mientras haya necesidad de ello, la demanda seguirá, por lo que en todo casi sería mejor analizar cuál material puede mantenerse en esta actividad y cuál ya no, ya sea por las afectaciones que implican su extractivismo o porque generan conflictos.

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Comunicólogo por formación y reportero de profesión en Angulo 7 Noticias desde octubre de 2014. Poblano de Libres radicando en la capital, persona sería y en ocasiones divertida, amante del fútbol...

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