El pasado fin de semana se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha en torno a la cual se realizó la primera Caravana Ciudadana contra este delito, encabezada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y promotor comunitario del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, Ignacio Mier.
Fue muy gratificante ver que ciudadanos de 12 municipios de la entidad se sumaron a esta jornada y se manifestaron en contra de esta grave problemática que es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos y una forma moderna de esclavitud que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Y es que la participación ciudadana es esencial para visibilizar este problema, detectar y denunciar casos, presionar a los gobiernos y apoyar a las víctimas, las cuales en un 85 por ciento son mujeres y niñas.
Al respecto, la ONU calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual.
Desafortunadamente, México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. La ubicación geográfica, la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción son factores que contribuyen a esta situación. Es así que nuestro país ocupa el lugar 20 de 167 países en índices de esclavitud, donde la mayoría son mujeres y niñas. Desafortunadamente, Puebla se ubica en quinta posición de este delito a nivel nacional con 259 casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No escapa saber que uno de los principales retos en la lucha contra la trata de personas es la falta de una legislación integral y armonizada en todo el país. Aunque México cuenta con leyes que la criminalizan, la implementación y la aplicación de estas leyes enfrentan obstáculos significativos. Además, el sistema de justicia a menudo presenta deficiencias en la investigación y persecución de los delitos relacionados con la trata de personas.
Aunado a ello, la impunidad y la corrupción son dos elementos que socavan los esfuerzos para combatir la trata de personas. Los perpetradores de estos delitos a menudo logran evadir la justicia debido a la falta de denuncias, la complicidad de las autoridades o la intimidación a las víctimas.
Para enfrentar este desafío, es fundamental contar con una respuesta integral que involucre a diversos actores. Esto incluye fortalecer la cooperación entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la prevención, persecución y atención a las víctimas. También es crucial involucrar a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y el sector privado en esta lucha.
Es bien sabido que los ciudadanos son una fuente invaluable de información para detectar actividades sospechosas o casos de trata de personas. Alentar a las personas a denunciar cualquier sospecha puede llevar a la identificación de redes de trata y ayudar a las autoridades a intervenir de manera oportuna.
Asimismo, la participación ciudadana puede ejercer presión sobre los gobiernos y las instituciones para que tomen medidas concretas contra la trata de personas. Mediante el activismo, las personas pueden exigir la implementación de leyes más fuertes y la asignación de recursos adecuados para combatir este delito.
Precisamente por ello es que considero muy relevante la propuesta del diputado Ignacio Mier para visibilizar este grave problema, que llevará además a la sensibilización y la prevención. Las personas deben conocer los hechos y las cifras, así como los indicadores que ayudan a identificar posibles casos de trata en su entorno.
Finalmente, esperamos que cada día crezcan más las acciones en este sentido a lo largo y ancho del estado, así como la promoción de los derechos humanos, ya que solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido podremos avanzar hacia un mundo donde la trata de personas sea cosa del pasado.
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