Hace unos días, el Instituto Mexicano de la Transformación de la Vida Pública organizó el foro “Nuestros Ausentes”, en el marco del Día Internacional de las víctimas de la desaparición forzada, en el que todos los asistentes coincidimos en la necesidad de atacar las causas de esta problemática, que permitan ponerle un freno y erradicarla de raíz.
Desafortunadamente, la desaparición forzada es un problema grave y persistente en México. A lo largo de los años, ha causado un profundo sufrimiento a miles de familias y ha generado una crisis humanitaria que exige una respuesta decidida por parte del gobierno y la sociedad. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, tan solo en 2021 había más de 88 mil personas desaparecidas en el país.
Precisamente, durante la intervención que realizó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, en el foro “Nuestros ausentes”, destacó que en Puebla los delitos de este tipo se concentran en cinco municipios, además de que la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 15 y 20 años y el 40 por ciento son mujeres.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entiende que una persona es sometida a una desaparición forzada cuando concurren los siguientes elementos: a) privación de la libertad; b) intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada.
La obligación de los Estados de buscar a las personas desaparecidas está formulada en términos inequívocos en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada por México en marzo de 2008.
Pero mientras las obligaciones de los Estados para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones están ampliamente explicitadas en la Convención, el derecho a la búsqueda queda un tanto disperso y poco desarrollado, no obstante, es de fundamental importancia para las víctimas de este crimen atroz.
Es por ello que algunos de los desafíos que existen en la lucha contra este delito son combatir la impunidad, la falta de coordinación, la ineficiencia en la búsqueda, así como la falta de recursos y capacitación.
Entre los más apremiantes se encuentra el atacar la impunidad que rodea a muchos de los casos de desaparición forzada. Muchos perpetradores no son llevados ante la justicia, lo que perpetúa un ciclo de violencia y falta de rendición de cuentas.
Asimismo, la falta de coordinación entre las dependencias encargadas de investigar los casos dificulta su resolución y la identificación de responsables, además de tampoco es extraño que las instituciones a menudo carezcan de los recursos y la capacitación necesaria para llevar a cabo investigaciones exhaustivas.
Cabe señalar que, a pesar de los grandes esfuerzos que realizan las instituciones, en muchas ocasiones la búsqueda de personas desaparecidas ha sido ineficaz, lo que causa un sufrimiento prolongado para las familias.
Precisamente es por ello que es necesario que en el país se fortalezca el marco legal para garantizar que la desaparición forzada sea castigada de manera efectiva y que se respeten los derechos de las víctimas.
En este sentido es que aplaudo las acciones que se han impulsado desde la bancada de Morena para que en el primer periodo de sesiones del tercer año de la LXV Legislatura quede garantizada la búsqueda de personas desaparecidas, con el fortalecimiento del artículo 17 constitucional.
Asimismo, las dependencias deben coordinar sus esfuerzos para garantizar una respuesta efectiva y eficiente a los casos, además de que es esencial proporcionar a las instituciones recursos financieros y capacitación adecuada para llevar a cabo investigaciones rigurosas y efectivas.
Es importante promover la verdad como parte del proceso de justicia transicional, además de brindar a las víctimas y sus familias apoyo psicológico, legal y social para sobrellevar las consecuencias de la desaparición forzada.
Es así que hoy celebro que esta lucha sea de todas y de todos, sobre todo de la sociedad civil que se ha unido a respaldar a las víctimas y alzar la voz en contra de este delito que coarta los sueños y la tranquilidad de muchas familias.
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