La innovación y el acceso a la tecnología son dos elementos fundamentales para el desarrollo económico y social de cualquier país en la actualidad. En el caso de México, estas dos facetas son cruciales para avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo, por lo que es necesario empujar estos temas en la agenda pública a nivel nacional y estatal.
La innovación se refiere a la creación y adopción de nuevas ideas, productos, servicios o procesos que mejoran la eficiencia, la productividad y la calidad de vida de las personas, es por ello que en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la capacidad de innovar se ha convertido en un diferenciador clave para el crecimiento económico sostenible.
México ha avanzado significativamente en términos de innovación en los últimos años. Sin embargo, todavía enfrenta desafíos importantes para consolidarse como una potencia innovadora a nivel mundial.
La inversión en investigación y desarrollo (I+D) en México sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países, lo cual es fundamental para impulsarla tanto en el sector público como en el privado. De acuerdo con datos del Banco Mundial el gasto en investigación y desarrollo en el país apenas alcanzó el 0.30% del PIB en 2020.
La innovación también está estrechamente relacionada con la educación y la capacitación. Es por ello que el país necesita enfocar mayores esfuerzos en la formación de una fuerza laboral altamente calificada y fomentar la colaboración entre empresas, universidades e instituciones de investigación. Esto facilitará la transferencia de conocimiento y la creación de soluciones innovadoras que aborden los desafíos nacionales.
Un ejemplo de esta sinergia es la firma del acuerdo nacional de colaboración que hace unos meses celebraron la empresa tecnológica Intel y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) para fortalecer la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA) mediante el diseño curricular, el desarrollo de materiales didácticos y capacitación de personal docente en la materia.
Y es que tenemos que considerar que el acceso a la tecnología se ha convertido en un derecho fundamental en la sociedad moderna. La tecnología no solo facilita la comunicación y la información, sino que también ofrece oportunidades económicas y educativas.
Al respecto, hace algunos días participé en el Foro Innovación y Desafíos en la Era Digital, organizado por el Instituto Mexicano de la Transformación de la Vida Pública, en el que expertos coincidieron en la importancia de que los gobiernos enfoquen sus esfuerzos en la integración de tecnologías como motor de progreso para la sociedad.
Precisamente, de acuerdo con Naciones Unidas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una importante fuente de generación de información y conocimiento, constituyéndose en pilares fundamentales para el desarrollo económico y social. Los constantes avances de estas tecnologías promueven innovaciones en todos los ámbitos de la economía y la sociedad, facilitando la prestación de servicios como educación, salud y gestión gubernamental.
Cabe destacar que en el país el acceso a las TIC, incluida la banda ancha e Internet, es un derecho fundamental consagrado desde 2013 en el artículo sexto constitucional. Este derecho de acceso a Internet es universal -es decir aplica para todos, sin discriminación- y progresivo, lo que significa que se requieren políticas públicas que lo garanticen en el tiempo.
Lo cierto es que, a pesar de los avances en infraestructura de telecomunicaciones en México, todavía existen disparidades significativas en el acceso a Internet de alta velocidad y dispositivos tecnológicos.
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2022 reveló que en México había 93.1 millones de personas usuarias de internet, lo que representó el 78.6 % de la población de 6 años o más.
Asimismo, en el país, la media nacional respecto al número de hogares con internet es de 68.5 %. Puebla se encuentra por debajo de este porcentaje con 58.1 %.
En este sentido es que no puede escapar que para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la tecnología es esencial para reducir las brechas socioeconómicas y promover la inclusión digital.
Por ello es que desde las políticas públicas se debe apostar al impulso e integración de las TIC en el país, lo cual permeará en el combate a la pobreza, mejorar la calidad de la educación, los servicios de salud, la entrega de servicios gubernamentales, las actividades económicas y, en general, la vida cotidiana de las y los ciudadanos. Pero, sobre todo, a la disminución de las desigualdades sociales que sigue siendo uno de los temas más importantes y sensibles de nuestra nación.
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