A finales de 2021 se escuchaba la propuesta de algunos alcaldes poblanos de aplicar el siguiente año, es decir en el 2022, el cobro al Derecho por Servicio, Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público, abreviado DAP; sin embargo, este proyecto, en un primer momento, fue frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el DAP es una contribución que a partir de este año será una realidad en la capital, después de que en diciembre de 2022 se lograra su inclusión en las Ley de Ingresos municipal, tras el propio aval de la SCJN y del Congreso Local.
Y es que, si bien es cierto que el artículo 115 de la Carta Magna señala en la Fracción II, inciso b, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, por lo que les concierne proponer a las legislaturas locales las tarifas aplicables por los derechos al alumbrado público, entre otros; la propia SCJN había dictado una resolución para anular el cobro de este derecho en diversos municipios del Estado al considerar que trasgredían el derecho humano a la seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad y proporcionalidad en las contribuciones, previstos en la Constitución federal.
Hoy, tras este revés, las y los habitantes de Puebla y 153 municipios más, tendrán que erogar una cuota para solventar el servicio de alumbrado público en calles, plazas, jardines, e incluso la iluminación decorativa que se instala en fechas conmemorativas como son las alusivas a las fiestas patrias y navideñas.
En este sentido es que el propio municipio ha expresado que estima ingresos de 140 millones de pesos por este concepto a las arcas municipales, ya que el 51 por ciento de los contribuyentes de la capital pagarán en promedio 21 pesos al año, aunque también dijo que el 3 por ciento aportaría una tarifa máxima de 2 mil 52 pesos al año.
Esto dependerá del consumo eléctrico que cada familia realice en su hogar, acorde a la factura generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que, si consume más, la aportación que realice al DAP también será más alta. Ajeno a este cálculo estará si cuenta o no con servicio de alumbrado público o si este funciona en su calle o colonia.
Sin duda esta perspectiva vuelve controversial el DAP, dado que esta fórmula más que un derecho lo perfila como un impuesto, algo que solo corresponde fijar al Congreso de la Unión.
Es por ello que de manera inicial la SCJN había catalogado al esquema de cobro sobre recibo de luz como inconstitucional, porque no considera el costo real del servicio de alumbrado público, sino el consumo de energía eléctrica de cada usuario.
Observamos como claramente el DAP se contradice con lo establecido en las leyes y, más allá de ello, afectará la mermada economía de las familias poblanas, derivado de la inflación y los estragos de la pandemia.
Basta tomar en consideración los resultados del sondeo recién publicado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, respecto a la “cuesta de enero”, en los que se proyecta como el 24 por ciento de los encuestados dijeron que el gasto más fuerte que se presenta al inicio del año es el pago de impuestos, seguido por el pago de servicios como agua y luz (23 por ciento).
Como lo dije en el pasado, no es momento de ningún impuesto o cobro nuevo, lo cual el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha vislumbrado de manera clara, bajo la determinación de no subir los impuestos.
Aunque el municipio de Puebla argumente que estos recursos los destinará a mejorar el sistema de videovigilancia, incentivos a elementos de seguridad, prevención del delito, luminarias, mantenimiento urbano, bacheo, mejoras en parques e infraestructura deportiva, combate a adicciones, así como para incrementar el número de beneficiarios del programa Créditos Contigo; también se debe pensar en no lastimar más la economía de los poblanos.
Hoy vemos que son y siguen siendo las y los poblanos los que deben arreglárselas para solventar sus gastos familiares, los impuestos como el pago del predial, el agua, la basura, así como la verificación vehicular, el control vehicular, los parquímetros, entre otros, y ahora el DAP.
Es por ello que esperamos que la actuación del gobierno también esté a la altura de las circunstancias, siendo empáticos y no olvidando a los que menos tienen, generando estrategias que les permitan salir avante de estas obligaciones, sin comprometer sus necesidades básicas.
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