Aunque la falta de acuerdos en el Senado para nombrar al menos a un comisionado es la causa principal de la parálisis del pleno INAI, vale la pena reflexionar cómo la politización y burocratismo en este instituto han motivado este grave impasse que pone en riesgo su funcionamiento.
Este miércoles, el morenista Alejandro Armenta Mier y el panista Santiago Creel Miranda, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, descartaron, con abierta franqueza, que haya consenso entre las fuerzas políticas para que la Comisión Permanente –que inició sus trabajos este mismo día– convoque a un periodo extraordinario de sesiones del pleno de la Cámara alta, a fin de votar un nuevo nombramiento para el instituto.
Esto, pese al llamado urgente que, el martes, hicieron los cuatro comisionados actuales del INAI para que se cubre por lo menos una de tres vacantes en el pleno, lo cual le permitiría tener el quórum legal para sesionar y desahogar más de 800 recursos que –afirman– “están listos para ser votados”, pero permanecen en vilo desde hace un mes, cuando se suspendieron las sesiones por falta de comisionados.
Y apenas el 23 de marzo –hay que recordarlo– pidió al pleno del Senado, durante la rendición de su informe anual de labores, que hubiera avances para nombrar a los comisionados que cubrirán las vacantes que dejaron Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Sin embargo, los llamados no hicieron eco en ese momento, pues el 31 de marzo terminó el periodo del comisionado de Francisco Javier Acuña, con lo que sumaron 3 vacante y el pleno se quedó sin quórum, y tampoco resonaron ahora, pues las fracciones parlamentarias mantienen sus posturas inamovibles.
Por un lado, la mayoría de los senadores de Morena, con apoyo de sus aliados del PT, PVEM Y PES, sostienen que las resoluciones del pleno del INAI son “facciosas” porque se dirigen “exclusivamente” al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin tocar a los otros poderes u organismo autónomos.
Además, en la última votación, el pasado 27 de abril, rechazaron respaldar el nombramiento de Ricardo Salgado Perrilliat, por considerarlo “otro” aspirante más supuestamente cercano a los intereses del PAN.
En contraparte, el bloque opositor en el Senado acusó a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar inoperante al INAI hasta septiembre próximo, cuando el Senado retome sus sesiones ordinarias, donde el oficialismo intentaría “imponer” a un comisionado afín.
Constitución misma politiza nombramientos
Este intercambio de acusaciones deja claro que los senadores, en su mayoría, conciben que los nombramientos deben regirse por el tradicional reparto de cuotas entre fuerzas políticas. De hecho, la misma Constitución federal, en su redacción vigente, da el marco legal para aplicar esta vieja práctica de la política mexicana al INAI:
El artículo 6, apartado A, fracción VIII, establece que, para el nombramiento de los comisionados, la Cámara de Senadores, “previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley”.
A diferencia de lo que sucede en el caso del nombramiento de consejeros del INE, las designaciones del INAI son todavía más complicadas porque la Constitución permite la intervención del Ejecutivo, que puede vetar en dos ocasiones los nombramientos que apruebe el Senado.
Esto ya ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando López Obrador objetó los nombramientos de los comisionados Rafael Luna Alviso y Yadira Alarcón Márquez, quien se amparó y está a la espera de una resolución. El mandatario explicó que lo hizo porque las designaciones derivaron de un “enjuague” entre una parte de la bancada de Morena, encabezada por el coordinador, Ricardo Monreal Ávila, y la fracción del PAN.
AMLO acusa protección de intereses particulares
Tras caerse la designación de Salgado Perrilliat, lo cual provocó protestas de la oposición, el mandatario federal reiteró su postura de incorporar al INAI a otro organismo del Estado –ahora propone la ASF– alegando que no asegura el acceso del pueblo a la información, sino que es alcahuete de intereses privados y políticos.
En contraste con estas visiones polarizadas, hay que reconocer que, en sus 20 años de vida, el INA ha emitido resoluciones que obligaron al Estado a transparentar información importante para el trabajo periodístico y la vida pública.
No obstante, también ha causado polémica por avalar la reserva de datos sensibles para diferentes gobiernos federales, así como su infectividad ante las negativas de los supuestos “sujetos obligados” a responder solicitudes de transparencia, lo cual ha sido señalado desde el mismo gremio periodístico, que ha exigido dar más “dientes” al instituto.
Otro tanto ocurre en el Itaipue, el organismo de transparencia y protección de datos en Puebla, donde no faltan las quejas por las inercias y falta de acciones que realmente aseguren a los ciudadanos el acceso a información el acceso a la información de los organismos públicos estatales.
El INAI es, sin duda, un organismo fundamental para asegurar el ejercicio de los derechos a la información y la protección de datos, así como para la vida democrática en México. Sin embargo, una reforma genuina a su estructura debe atacar la politización y burocratismo que determinan sus decisiones.
LPR