A poco más de un año, el conflicto entre la Central de Abasto y la UPVA 28 de Octubre persiste entre acusaciones por parte de comerciantes establecidos, que llamaron “cáncer” a los vendedores ambulantes, quienes extendieron su zona de ventas y exigen un lugar donde comercializar sus productos.
El pasado jueves, Federico Cantero Sánchez, tesorero del Consejo de la Central de Abasto, reavivó la pugna al acusar a los ambulantes de ser un “cáncer” por extenderse a la calles 108 Poniente, Vía Corta a Santana y la avenida 104 Poniente, lo cual –afirmó– ocasiona caos vial.
Esto, en el marco de la firma de un convenio entre la Central y la Beneficencia Española, para que los trabajadores de comercios establecidos se atienden en este hospital, de lo cual fueron excluidos los vendedores afiliados a la UPVA.
El domingo, la “28 de Octubre” reviró que sus agremiados han sido provocados y amenazados por una comerciante a la que identificó como Alejandra Luna Salazar, quien los señaló –refirieron– como un “estorbo” para su ventas. Insistieron en que el ayuntamiento debe cumplir el acuerdo de otorgarles un espacio adentro de la Central.
Ante la pregunta de Ángulo 7, este miércoles el alcalde Eduardo Rivera Pérez reconoció que no hay avance en las negociaciones para dar a los ambulantes un lugar dentro de la Central, por lo que el ayuntamiento incluso analiza darles espacios en otras zonas, incluida la zona del Centro Expositor.
Conflicto lleva más de un año
Así, pues se encuentra estancada la solución a conflicto que se remonta a marzo de 2022, cuando una treintena de vendedores salieron de la zona de la central conocida como “La Herradura”, pues acusaron que les cobraban 100 pesos de cuota y, si se negaban a pagar, los amedrentaban, por lo que decidieron sumarse con la organización encabezada por Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”.
Los vendedores de la 28 de Octubre se instalaron en las áreas verdes circundantes, lo cual fue intensificando las tensiones con los comerciantes establecidos.
El 1 de diciembre, decenas de comerciantes de la Central de Abasto bloquearon la autopista Puebla-México, a la altura de Villa Frontera, durante cuatro horas, exigiendo el retiro de ambulantes de la organización a quienes acusaban de haber tomado áreas comunes de la central.
Ese día, el ayuntamiento, personal de Gobernación Municipal y Dirección de Mercados, intervino para dialogar con los inconformes para persuadirlos de que se retiraran.
Por su parte, el entonces gobernador, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que su gobierno interpondría denuncias por el cierre de la importante autopista, por la que transitan miles de automovilistas y transportistas al día.
En la madrugada del 2 de diciembre, el gobierno de la ciudad implementó un operativo con elementos de Normativa y Vía Pública para “preservar el orden” en la zona en disputa. Sin embargo, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) acusó “desalojo” de sus agremiados y decomiso de su mercancía.
Por la tarde de ese día, decenas de vendedores, encabezados por “Simitrio”, marcharon del mercado Hidalgo, sede de la organización, al zócalo de Puebla para exigir la reinstalación de los desalojados y alto a los operativos.
Como parte del diálogo que se entabló con el gobierno municipal, se acordó la reubicación de al menos 34 vendedores que salieron de “La Herradura” dentro de la Central de Abasto. Hasta ahora, este compromiso no se ha concretado.
Ya se ha visto que el ayuntamiento ha logrado llegar a acuerdos en pro de los comerciantes. Toca ahora promover consensos para reubicar a los vendedores que salieron de la Herradura, a fin de evitar que el conflicto escale y mantener la paz en esta zona de abasto vital para toda la zona metropolitana.
