Editorial Ángulo 7
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En medio de la contienda adelantada rumbo a las elecciones de 2024, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llamó este martes a los ciudadanos, con copia a quienes ya buscan candidaturas a cargos públicos, a no mezclar las aspiraciones políticas con el trabajo de gobierno.

El mensaje cobró relevancia en el marco de la inauguración de las obras de rehabilitación de la avenida San Claudio, frente a la Ciudad Universitaria de la BUAP, pues ahí se congregaron funcionarios y legisladores cuya búsqueda de candidaturas es bien conocida.

Entre los asistentes, estuvieron el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien es el principal aspirante del PAN a la candidatura de la alianza opositora a la gubernatura poblana, así como el diputado federal Mario Riestra Piña, quien ha levantado la mano para buscar ser candidato a la alcaldía de la capital.

El llamado también debió ser escuchado por los secretarios de Gobernación, Julio Huerta Gómez; de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, y de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, quienes mantienen su aspiración a la candidatura de Morena para contender por el gobierno del estado.

A ellos se suma el morenista Gabriel Biestro Medinilla, secretario del Trabajo, quien recientemente descartó buscar la gubernatura, pero volverá a intentar ser el candidato a la alcaldía de Puebla.

Más tarde, este mismo martes, el mandatario estatal reiteró que administración trabaja con los 217 ayuntamientos de Puebla sin distingos partidistas.

Como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador con los integrantes de su gabinete, Céspedes Peregrina pidió a los funcionarios –incluidos los de la oposición– una separación bien definida entre el trabajo de gobierno y el que dedican para buscar candidaturas.

Sin duda, el gobernador está consciente de que todos ellos mantendrán el trabajo político hasta que sus partidos elijan candidatos, pero también tiene claro que su gobierno debe cerrar compromisos a sólo un año y medio de concluir, y que el uso de recursos públicos para promoción política es ya un delito grave.

Así que este llamado también se entiende como último para evitar acciones que obstaculicen el avance de su gobierno. Por supuesto, el mandatario estatal quiere evitar llegar a las advertencias y a los despidos por presuntos ilícitos electorales.

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