En lo que va de 2023, ha quedado de manifiesto que las denuncias de maltrato a animales persistirán y no irán a la baja, por lo que autoridades municipales, estatales, ministeriales y judiciales tienen el deber de aplicar de aplicar la ley sancionar a los agresores, así como prevenir que estos cometan delitos contra niños u otras personas.
Este jueves, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que, en el primer semestre del año, ha recibido 80 denuncias por casos de maltrato animal, entre ellos el de la adolescente que adoptó y asesinó a un cachorro en Huauchinango, así como el presunta zoofilia por parte de un menor a una perra en Atlixco, los cuales han atraído la atención nacional.
Sin embargo, en ambos casos, la FGE sostuvo que el Reglamento de Justicia Para Menores impide que los dos agresores lleven su proceso en prisión y tampoco contempla sanción de cárcel, por el enfoque del Sistema de Justicia para Adolescentes es “socioeducativo”.
En otras palabras, si los casos llegan a proceso, el juez sólo ordenaría que los agresores reciban educación y atención psicológica, así como reparación de daños.
¿Por qué los adolescentes que cometen maltrato animal, lo cual está tipificado como delito en Puebla, tienen sanciones diferentes a otros menores infractores? ¿El sistema de justicia y el gobierno pueden garantizar acciones efectivas para que vuelvan a incurrir en este delito o que escalen a las agresiones a otros menores? Son las preguntas que muchos nos hacemos y también creemos que hace falta una nueva reforma a la ley.
