La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, anunció que, a más tardar, el miércoles de la próxima semana se estaría discutiendo y votando la posible eliminación de los fideicomisos que pertenecen al Poder Judicial.
Lo anterior, luego de que los diputados aprobarán la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con lo cuál la federación se haría acreedora de más de 15 mil millones de pesos.
El Poder Judicial es de suma importancia para la vida democrática de un país. En caso de México es el único que está facultado para que la justicia sea llevada a cabo como, por ejemplo, el hecho de que despenalizara el aborto a inicios de septiembre pasado.
Sin embargo, necesita reforzarse y renovarse pues existen lastres que le impiden ser realmente garantes y actuar más en pro de la ciudadanía, ya que, como se ha dado a conocer en los últimos años, algunos ministros, jueces y magistrado han tomado partido y terminan favoreciendo a presuntos criminales, evasores fiscales, gobiernos y empresas que no adoptan la política trazada desde el ejecutivo.
La eliminación de los fideicomisos no significa “limitar” a este poder, sino que permite tener un mejor uso sobre la fiscalización y transparencia de los recurso públicos, pues es de conocimientos de muchos que, aunque la constitución prohíbe a los funcionarios públicos ganar más que el presidente, los ministros perciben más ingreso que López Obrador.
Por el contrario, esta eliminación debería asumirse como proceso reflexivo sobre los pro y contras del PJF y no la ardua defensa de lo indefendible, por lo que si comienzan a actuar en sentido contrario, jugarían el famoso “ser juez y parte”.
