Cartas a Gracia
Comentaba en una de las cartas que te enviara recientemente Gracia, que el Pacto Nacional de Ciberseguridad de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, firmado el 7 de noviembre entre miembros de las comisiones unidas de ciencia y tecnología de la cámara de diputados y de senadores; representantes de instituciones gubernamentales como el Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SiPINNA); empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial e influencers, entre otros, daría para mucho más qué hablar; sobre todo ahora que la sociedad se habría visto nuevamente impactada por las desapariciones y asesinatos de jóvenes realizados en entidades como Guanajuato y Jalisco. Sucesos de alto impacto que generarían zozobra y miedo en la sociedad, que aun y cuando quisiera permanecer ecuánime, siempre tendría razones para sorprenderse.
La representante de SiPINNA, al urgir la aprobación de una ley en materia de ciberseguridad -largamente esperada por ausente- insistiría, refiriéndose a las y los menores: “Porque sí sufren violencia en el ecosistema digital. Esta es más duradera, profunda y dañina como los ciberdelitos de pedofilia, de trata de personas, de desaparición y muerte que se gestan o culminan en el mundo virtual”. Menores que de acuerdo al sitio https://blog.derechosinfancia.org.mx/2023/12/13/delitos-contra-ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico-a-noviembre-de-2023/, serían objeto de 34 971 delitos tan solo de enero a noviembre del año en curso, cifra que representaría un incremento del 13.9% respecto al mismo periodo del año anterior; de ellos “18,531 [serían tipificados como] lesiones de niñas, niños y adolescentes [que] observadas en el país durante 2023, representan el máximo histórico para el periodo de enero a noviembre desde que se tiene registro (2015); 815 homicidios dolosos(129 mujeres y 686 hombres)” a los que se sumarían “611 personas de entre 0 y 17 años [que] han perdido la vida por homicidio con arma de fuego en México de enero a noviembre de 2023 (99 mujeres y 512 hombres)”, y sin dejar de lado, “69 feminicidios de menores de 17 años”. En todas las variables REDiM resaltaría una sensible disminución absoluta y porcentual respecto al año anterior (2021).
No obstante, la aclaración del blog mencionaría que “Pese a estas obligaciones del Estado Mexicano, en México [se cometerían] más delitos contra personas de 0 a 17 años [que]se han reportado en enero de 2023 que durante el mismo mes de 2022 de acuerdo a las cifras de incidencia delictiva del fuero común del Sesnsp (2,674 y 2,159 respectivamente)”. Resaltaría los siguientes datos que corresponderían a 5 delitos vs menores que acusarían un incremento en enero de 2023 respecto a enero de 2022: “Corrupción de menores (de 145 a 146, un incremento de 0.7%); extorsión (de 11 a 21, un incremento de 90.9%); feminicidio (de 6 a 7, un incremento de 16.7%); lesiones (de 1.101 a 1,445, un incremento de 31.2%); trata de personas (de 17 a 39, un incremento de 129.4%). De la misma manera, el blog actualizado a noviembre del 2023 con datos de enero al mes mencionado y citando a la misma fuente “cifras de incidencia delictiva del fuero común del Sesnsp arrojaría las siguientes cifras: 34,971 y 30,704 respectivamente)”; señalando un incremento del 14.2% y del 62% en dos delitos del fuero común: lesiones (de 16,220 a 18,531) y secuestro (de 50 a 81).
REDiM preguntaría: ¿En qué entidades se han observado más delitos contra niñas, niños y adolescentes?, él mismo se contestaría, diferenciando entre delitos, feminicidios, homicidios dolosos y homicidios utilizando armas de fuego, cometidos en contra de menores. Resaltarían: 1. En delitos, tres de las zonas que mayor desarrollo económico del país: Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México; 2. En tanto que Oaxaca destacaría en el rubro de feminicidios; lo mismo que 3. en Guanajuato, Estado de México y Zacatecas que liderarían las cifras en de homicidios dolosos y; finalmente, 4. en Los Estados de Guanajuato, Zacatecas y Estado de México serían las entidades en las que se cometerían más homicidios utilizando armas de fuego; coincidiendo los numerales 3 y 4 con lugares en los que se habrían cometido asesinatos colectivos en el último año. La lista permitiría inferir que el Estado de México se llevaría el palmarés tratándose de delitos -en general- cometidos en contra de menores de entre 0 y 17 años.
Las cifras y los porcentajes de delitos cometidos en contra de menores de 0 a 17 años abrumaría al más pintado Gracia; y, sin embargo, madres, padres de familia, tutores, maestras y maestros no estarían exentos de responsabilidad a la hora de adoptar medidas que permitieran que las y los menores a nuestro cargo, contaran con medidas de protección que partirían de hacer de la casa (hogar), un entorno seguro que incluyera a niñas, niños, adolescentes y mayores de edad en condiciones de vulnerabilidad, dado el gran número de incidentes y de abusos (delitos) que cometerían personas ¿cercanas y de supuesta confianza? que convivirían con ellos. De la misma manera, exigir a las autoridades responsables un ejercicio adecuado que mejore las condiciones de seguridad, vigilancia y movilidad entorno a los domicilios, escuelas y espacios de esparcimiento. Exigencia que tendría que ser acompañada por las y los mayores, quienes tendrían la obligación de no permitir que las y los menores, fuesen solas y solos de compras a la tienda de la esquina, saliesen a jugar a la calle o al parque de la colonia “entre otras situaciones”, sin la vigilancia familiar y gubernamental adecuada.
La educación en casa y en la escuela tendría que ser modificada, enseñando a los párvulos y a los adolescentes mediante el diálogo, cómo actuar ante una contingencia, incluidas balaceras en torno a los domicilios y a las escuelas -que se han vuelto tan cotidianas-; robos en el transporte y en las calles, sin dejar de enseñarles a gritar y pedir auxilio sin exponer su vida entre situaciones de peligro. Las maestras y los maestros, por su parte, deberían tomar en cuenta las obligaciones que, como terceros involucrados, tendrían al percatarse de lesiones que, de manera evidente, presenten las y los educandos al acudir a las instituciones educativas como lo mandataría la Ley de Protección para las niñas, los niños y los adolescentes, y dar parte a las autoridades correspondientes cuando desde su óptica, se trate de delitos cometidos en contra de menores Gracia.
