Por: Dra. Valentina Campos Cabral
A finales de marzo de este año, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión el Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Minera en México, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, para su discusión en Comisiones y su votación en el pleno de la Cámara de Diputados y de Senadores.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto la madrugada del 21 de abril, con cambios sustanciales a la propuesta presidencial que se adjudican al intenso lobby corporativo minero, trasladándola a Comisiones del Senado, cuyo pleno, en sesión del 2 de abril, aprobó sin cambios las enmiendas a la Ley Minera.
Pese al adelgazamiento de las iniciativas, diversos actores consideran como positivo el acotamiento de esta actividad y la recuperación de la rectoría del Estado en el manejo de los recursos minerales del país, por haberse aprobado:
- eliminar el carácter de utilidad pública y de actividad preferente de la minería
- reconocer elderecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes de otorgar la concesión. El costo de su realización correrá a cargo de quien solicite la concesión
- otorgar concesiones por concurso público
- no otorgar concesiones en Áreas Naturales Protegidas, donde se ponga en riesgo a la población, en áreas sin disponibilidad de agua
- exigir a las empresas evaluaciones de impacto ambiental y estudios de impacto social, así como planes de restauración, cierre y post-cierre
- castigar la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua
- la regulación del otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería
- cerrar de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública
- establecer una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras, de al menos el 5% de las utilidades obtenidas por la actividad
- reducir el tiempo posible máximo de una concesión
- otorgar concesiones por mineral
- considerar un capítulo de sanciones a conductas delictivas
- eliminar el derecho de los titulares de las concesiones a obtener la expropiación del terreno
- adicionar causales de revocación de la concesión
Esta perspectiva es compartida por agrupaciones como La Colectiva Cambiémosla Ya, la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) y algunos sectores de la academia, para quienes fue fundamental no posponer la discusión para evitar cambios mayores o el mutilamiento de la propuesta presidencial. No obstante, el procedimiento de aprobación legislativa estuvo marcado por diversos señalamientos: no consultar la propuesta con el conjunto de interesados antes de legislar y con ello la exigencia de un Parlamento Abierto; no tener oportunidad suficiente para su revisión y análisis previo y deficiencias en su redacción.
En este contexto, y sin obviar que hay varios pendientes para una reforma minera integral con la incorporación de los temas ahora rasurados, parece que a pasos cortos se avanza en el cambio de un modelo depredador, extractivo e injusto, funcional por décadas, de forma tal que como muchas de nuestras abuelitas decían, estamos en una situación en donde pese a la importancia de la pérdida, cualquier cosa que se recupere, es buena.
*Valentina Campos Cabral: Doctora en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados. Su investigación doctoral lleva por título La acción colectiva por la defensa del Agua en la Magdalena Axocopan, Atlixco, Puebla. Maestra en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Postgraduados y Licenciada en Biología por la BUAP. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la Ibero Puebla. Forma parte del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Comunicación y Cambio Social, así como de la Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial. Colabora con la Licenciatura en Ciencias Ambientales. Postdoctora por la UNAM en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, con las investigaciones: Seguridad Hídrica y Movimientos Socioterritoriales campesinos en el Estado de México. Lucha por un Desarrollo Autogestivo Sustentable (año 1); y Territorio, acción colectiva y conflictos por el agua: el caso de los pueblos afectados por el sistema Cutzamala en los estados de México y Guerrero (año 2). Postdoctora por la BUAP en el Instituto de Gobierno y Desarrollo Estratégico, con la investigación Conflictos y movimientos socioambientales ante megaproyectos (mineros, energéticos y viales) en zonas rurales del estado de Puebla (año 3).
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