Por: Dra. Valentina Campos Cabral
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, el cual comenzó a celebrarse un año después con el objetivo de destacar la relevancia del agua y la conciencia para su conservación desde una gestión sostenible. Así, se cumple la tercera década en la que hay un día en la que globalmente nos unimos en favor de ella y revisamos los avances en la materia.
El tema fue retomado de manera transversal en los Objetivos del Milenio (ODM) para reducir el hambre, la pobreza, la enfermedad y la degradación ambiental hacia el 2015; y después, en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo 6, para garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos.
Lo anterior, porque es un derecho humano, pero también por los datos alarmantes de las condiciones de aquel entonces para su acceso: el 40% de la población mundial se enfrentaba a condiciones de escasez de agua; 1,800 millones de personas disponían de agua desde fuentes contaminadas con restos fecales; 2,400 millones carecían de servicios básicos de saneamiento, en tanto el 80% de las aguas residuales se vertían a ríos o mares sin ningún tratamiento, contaminándolos.
Si bien el tema del agua y su conservación es más complejo que lo que el ODS 6 reporta, se consideró como innegable que abonar a su cumplimiento mejoraría las condiciones y la calidad de vida de todas y todos, como un efecto en cascada por la incidencia en el resto de los objetivos, de manera que se planteó hacer el seguimiento y evaluación de su cumplimiento a través de 11 indicadores.
Nuestro país desarrolla informes nacionales voluntarios de avance, al igual que nueve de las 32 entidades. A nivel nacional, tenemos que: 64% de la población dispone de servicios de suministro de agua potable; 88.7% dispone de drenaje a través de una red pública o fosa séptica; 43.1% de las aguas residuales son tratadas.
A su vez, 52.9% de los cuerpos de agua son de buena calidad; la eficiencia del uso del agua es a 1.1%; 44.9% es el nivel de estrés hídrico; 42% el grado de implementación de la GIRH; 57.4% de la población cuenta con agua entubada diariamente, así como saneamiento; y se tiene un 56% de grado de presión sobre el recurso hídrico en el centro y norte del país.
De acuerdo al documento Seguimiento a los Indicadores de Desarrollo Sostenible para el estado de Puebla (SIODS), el 98.5% de las viviendas tienen acceso a servicios de agua entubada; 74.5% de las manzanas cuentan con drenaje pluvial; 98.1% de la viviendas tienen acceso a servicios de drenaje; existen seis plantas de potabilización en operación y 82 plantas de tratamiento de aguas residuales (Gobierno del Estado de Puebla, 2021).
Es un hecho que en el país y en el estado aún hay retos importantes para poder cumplir que todas y todos tengan agua y saneamiento gestionados de forma segura para 2030, empezando por la posibilidad de tener información que dé cuenta cabal del avance en cumplimiento de los indicadores.
Por ejemplo, no es lo mismo indicar el número de plantas de tratamiento en operación que tener el dato de la proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada; o que se equipare la accesibilidad con gestión de manera segura, o disponibilidad de agua con uso eficiente y sostenible en la extracción, o el número de organismos operadores con gestión integrada de los recursos hídricos.
Pendientes importantes tenemos en el registro y reporte sobre cooperación, participación, cuerpos de agua con buena calidad; eficiencia en el uso del agua; estrés hídrico; implementación de la GIRH. Esta información es relevante porque justamente es la manifestación de cómo podrá construirse y transitarse la sustentabilidad en el acceso al agua, de este bien reconocido constitucionalmente como un derecho humano.
Un caso interesante para ello, y espacio de oportunidad interesante, es la ciudad de Puebla y los municipios conurbados que tienen diez años con un servicio privado de distribución de agua potable y saneamiento, el cual busca ser revertido desde una iniciativa ciudadana, a través del mecanismo de consulta popular, que encuentra sustento legal en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el marco de tensiones y conflictos ocurridos durante esta década.
Recordemos que no se trata sólo de acceder al agua en calidad y cantidad para todas y todos, sino que ésta permita satisfacer las necesidades básicas de la población; la producción y autosuficiencia alimentaria; la reducción y manejo de tensiones y conflictos; así como la capacidad para prevenir y enfrentar sequías, inundaciones, epidemias; es decir, resguardar la seguridad hídrica de la población presente y futura.
*La autora es académica de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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