Apreciable lector, esta es la primera entrega de la Editorial de Ángulo 7, que se publicará de domingo a jueves. En este espacio, discutiremos los hechos y dichos que marcan la agenda pública en Puebla. ¡Acompáñanos!


Con el inicio del proceso electoral 2023-2024 a la vuelta de la esquina, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha hecho de Puebla un estado de puertas abiertas tanto para aspirantes a la gubernatura como a la Presidencia de la República.

En atención al pedido que, en enero pasado, hizo Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, el mandatario poblano ha recibido, con comidas y eventos oficiales, a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Este último visitó el estado el sábado pasado. Céspedes Peregrina le organizó una comida en Casa Puebla, donde estuvo el diputado Ignacio Mier Velazco, y lo acompañó en la inauguración de la oficina de la SRE en Tepeaca, tierra del gobernador, a donde asistió el senador Alejandro Armenta Mier.

A propósito de su breve estancia en Puebla, donde su estructura lo respaldo en el Centro Expositor, el canciller le dijo a Ángulo 7 que hay al menos 56 empresas extranjeras están interesadas en instalarse en Puebla y reiteró su llamado a que los demás presidenciables de Morena dejen sus cargos antes de la encuesta.

El mandatario ha tenido el tacto para invitar a los primos Armenta Mier y Mier Velazco a los actos y comidas con los presidenciables. Y ambos aspirantes a la gubernatura mantienen e incluso han aumentado la frecuencia de sus visitas a Puebla, donde se reúnen con otros políticos, organizaciones y convocan a ruedas de prensa.

Por cierto, la agenda pública de las siguientes semanas estará marcada por dos temas sensibles para el gobierno estatal: el litigio que Céspedes instruyó a María Teresa Castro Corro, secretaria de Planeación y Finanzas, para recuperar 604 millones de pesos invertidos en el banco Accendo, el cual ya está en proceso de liquidación, donde la perspectiva para el estado no es prometedora, pues tiene el turno 219 en el orden de prelación.

El otro caso tiene que ver con los 2 mil 600 millones de pesos que el gobierno de Puebla tuvo que pagar al SAT debido a un litigio que inició porque funcionarios del gobierno de Rafael Moreno Valle pidieron de manera errónea en 2015, a recomendación del despacho Sistema Lac, una devolución de impuestos.

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