Falta de empatía y nula comunicación enfrentan familiares de desparecidos en Puebla cuando denuncian sus casos, además de que la burocracia dilata los procesos de búsqueda, por lo que urgen agilizar protocolos y ejercicio eficiente de los recursos.
Lo anterior fue expuesto por familiares de víctimas de desaparición, quienes aspiran a integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y la Comisión de Búsqueda de Personas, ante diputados de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso poblano.
En total eran diez los interesados en uno de los dos lugares reservados en el consejo para este sector, pero acudieron nueve este viernes al Congreso local, pues Gloria Elena Camarillo Viveros no se presentó a la hora programada y perdió su derecho de exponer sus motivos.
En ese tenor, los aspirantes coincidieron en que, a lo largo de los procesos de búsqueda, son “muchas las trabas” a las que se enfrentan, incluyendo el aparente apoyo que tendrían que recibir de las instituciones encargadas de las investigaciones, en alusión a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Búsqueda de Personas.
Ministeriales obstaculizan búsqueda, acusan
Aline Lorena Ramírez Nieto, hermano de Yurgen, desaparecido en mayo del 2017, dijo que quienes obstaculizaron el trabajo fueron los ministeriales que estaba asignados como seguridad, pues en lugar de dar información sobre el caso, lo que hacían era dar datos a quienes impedían la localización de su pariente.
En tanto, Ana Lilia Tlalolini Díaz, mamá de Edgar Ariel Reyes, de quien no sabe su paradero desde octubre del 2018, habitante de San Jerónimo Caleras en la capital, señaló que existen carencias que obstaculizan las investigaciones hechas por las autoridades locales y aunque aún cree en la justicia, pidió que se tomen con seriedad a quienes enfrentan este problema.
Por ello, manifestaron que se tienen que implementar protocolos con los que se hagan acciones desde el inicio de la búsqueda, con acompañamiento humano a las familias, sobre todo porque son estas las que hacen una investigación robusta de la desaparición, durante los tres días que deben esperar para formalizar una denuncia.
Indispensable, apoyo psicológico
En su turno, Avenadiv Maldonado Hernández, que su hijo fue víctima de este delito, pero pudo encontrarlo, indicó que una de las primeras acciones que se deben hacer es dar apoyo psicológico, trabajar de la mano con los familiares, pues es indispensable en los primeros días.
Fernando Barrios Herrera, quien desconoce el paradero de su hermano desde octubre de 2015, coincidió en que se debe actuar de inmediato, pues el tiempo que pasa desde que se da la desaparición, hasta que la autoridad judicial permite integrar la denuncia pasan 72 horas, lapso en el que no se hace nada para buscarlo.
Por su parte, Gilberto Barrón Cabrera, cuyo hijo desapareció desde mayo del año pasado, mencionó que puso la denuncia como se marca el proceso, pero hasta el momento no ha tenido resultado, por lo que al ser integrante del consejo buscará ser más eficiente las búsquedas en campo que la comisión hace y darle un toque humano de esta área con las familias.
Paloma del Carmen Cabrera Camargo, prima de Paulina Camargo Limón, desaparecida al tener cuatro meses de embarazo el 25 de agosto del 2015 y por lo cual su pareja sentimental, José María N., está en prisión, propuso ante diputados fortalecer los planes y acciones de búsqueda para evitar que el recurso que se tienen para este fin se gaste en tareas ineficaces.
Aprovechó para señalar que sus tíos mantienen la búsqueda de Paulina, por lo que de ser integrante del consejo buscará que haya coordinación entre las instancias, pues la idea es que todas trabajen a la par para hacer efectivo el ejercicio y no que cada quien vaya por lado.
Mientras que María del Carmen Victoria Rosales Camacho, quien su hija Nadia Guadalupe desapareció en octubre del 2017 a la edad de 17 años, mencionó que, al no ver avances en la búsqueda de su hija, se ha visto obligada a viajar a lugares como Veracruz, e Hidalgo, para hacer trabajo de campo y en fosas clandestinas, por lo que se debe tener coordinación con las familias, ya que cuentan mucha información que puede ser útil.
Familias pueden dar mucha información
Javier Israel Morales Flores, que lleva 4 años buscando a su hija Nadia Guadalupe Morales Rosales, asentó que ñas acciones se deben hacer en las primeras horas, pues ante un posible caso de trata de personas, las 72 horas que pasan para aceptar una denuncia son vitales, pues en se lapso pueden sacarla del país.
Dijo que la actitud hacia las familias debe cambiar, pues luego no son tomadas en cuenta y en la comisión los hacen para atenderlos, así como planteó que las acciones de búsqueda se hagan en anexos, cárceles, centros de adicciones, porque luego ahí pueden estar y no se sabe.
Y Luz María Nieto Granados, madre de Jurgen Emanuel Nieto Granados, que desapareció el 28 de mayo del 2017 en Puebla capital, recriminó que tanto la Fiscalía Especializada y la Comisión de Búsqueda generan procesos muy largos sin que avance la localización de sus familiares.
Manifestó que esto igual se debe en ocasiones durante el proceso cambian a los agentes del Ministerio Público, lo cual dilata las investigaciones, por lo que esto no debe ser, “es para nosotros muy duro, porque cuando ya vamos avanzando, todo se frena por el cambio”.
Tras esto, los diputados de las comisiones unidades evaluaran a los aspirantes en base a las respuestas y motivos que dieron y elegirán a dos, u hombre y una mujer, para integrar el consejo, los cuales deben ser ratificados ante el pleno del Congreso local.
Comparecen también especialistas aspirantes
En un segundo bloque, comparecieron en el rubro de especialistas Edgar Juárez Aguilar, Lidia Islas González, Raquel Maroño Vázquez, Rivers Emmanuel Morales Salazar, Tonalli Beatriz Pérez Saldaña, Rodolfo Tadeo Luna de la Mora; mientras que Álvaro Franco Martínez y Rodrigo Isaac Ordaz Luna no acudieron y, por ello, quedaron descalificados.
En sus intervenciones, coincidieron en que se tiene que garantizar el derecho a la participación de las familias porque en muchas ocasiones las revictimizan. Además, se dan faltas al debido proceso, por lo que se tiene que mejorar los protocolos para agilizar los casos.
Señalaron que lo tardado del inicio de las búsquedas genera que las personas no denuncien o no hay confianza en las instituciones, por lo que se tiene que trabajar con los colectivos, ya que son ellos los que brindan acompañamiento a los familiares.
Tras esto, los diputados integrantes de las comisiones unidas evaluarán las respuestas de los familiares y especialistas, para elegir a los cuatro perfiles mejor calificados, conforme al criterio de paridad de género, es decir, un hombre y una mujer de cada grupo que sería el miércoles.
Posteriormente, enviarán las propuestas al pleno donde deberán ser votados por mayoría calificada. Sin embargo, si la designación no se da antes del 15 de marzo, sería hasta el nuevo periodo ordinario, que es en mayo o, en su caso, hasta que se convoque a una sesión extraordinaria.
RE: LPR
