Aunque desde finales de noviembre pasado se inscribieron 18 aspirantes para el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y la Comisión de Búsqueda, aún no hay fecha para que sean elegidos los cuatro que lo conforman, pues la ley no establece un plazo.
En un principio, el diputado Eduardo Castillo López, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso local, señaló que la selección del consejo sería en diciembre antes de que terminara el primer periodo ordinario de sesiones.
Sin embargo, no fue así, toda vez que el 13 de dicho mes en sesión de comisiones unidas con la de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue retirado el punto cuatro del orden del día, donde se contemplaba la elección de los cuatro perfiles.
Esto, porque el coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, dijo que, como parte de un ejercicio de transparencia, los diputados debían “escuchar de viva voz” de los aspirantes sus propuestas, por lo que en todo caso sería en un periodo extraordinario.
Ante esto, Castillo López había dicho que sería uno de los primeros temas que abordaría en 2022, con el fin de que en los primeros meses del año se tuviera ya integrado, pues solo se necesita que sea por mayoría su aval en el pleno del Legislativo.
No obstante, sería hasta febrero cuando se aborde el tema en comisiones unidas y programar una fecha para las entrevistas de las 18 personas aspirantes, de las que diez son familiares de víctimas y las otras ocho especialistas.
Esto porque actualmente se desarrollan las comparecencias de los secretarios estatales como parte de la glosa del tercer informe de labores del gobernador Miguel Barbosa Huerta, siendo la última el 15 de febrero con el fiscal Gilberto Higuera Bernal.
La Ley de Búsqueda de Personas, en su artículo 36, señala que en 60 días naturales se debe emitir la convocatoria para conformar dicho consejo, una vez que entró en vigor, lo cual se hizo con su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 2 de septiembre del año pasado, pero no marca un plazo para que esté integrado.
Los aspirantes
En la lista de los familiares de desaparecidos que quieren ser consejeros (de los cuales se elegirán dos) están Javier Israel Morales Flores, María del Carmen Victoria Rosales Camacho, Fernando Barrios Herrera, Gloria Elena Camarillo Viveros, Avenavid Maldonado Hernández, Luz María Nieto Granados y Ana Lilia Tlalolini Díaz.
Los otros tres son Paloma del Carmen Cabrera Camargo, Gilberto Barrón Cabrera y Aline Lorena Ramírez Nieto.
Mientras que, para quedarse con alguna de las dos consejerías para especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, se anotaron ocho: Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, doctor en Criminología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, quien es investigador del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Raquel Maroño Vázquez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd); Lidia Islas González, quien tiene una maestría en Derecho Penal con terminal en Derecho Constitucional y Amparo, así como Tonalli Beatriz Pérez Saldaña, antropóloga Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Además, Álvaro Franco Martínez, subdirector de Políticas Públicas y Prevención de la Comisión de Búsqueda de Personas, y Rodrigo Isaac Ordaz Luna, exservidor público en el ayuntamiento de Puebla donde estaba adscrito al Polideportivo José María Morelos y Pavón, en el periodo de 2014 a 2018, también se anotaron.
Los otros dos son Edgar Juárez Aguilar, quien estudió la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), así como Rivers Emmanuel Morales Salazar.
R: DJ
