Rubén de la Fuente Vélez fue designado como titular interino de la Auditoria Superior del Estado (ASE) luego de que a Francisco Romero Serrano, un juez de control le ordenó separarse de manera temporal del cargo por estar acusado de presunta violencia familiar.
Esto se da a pesar de que Romero Serrano tenía medidas cautelares pedidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que no siguiera el proceso y que ésta última había otorgado a favor del auditor.
Aunque durante la sesión ordinaria del Congreso local de este jueves no se tocó el tema, el nuevo encargo de la ASE ya se encuentra despachando desde este mismo día, pues ya habría sido notificado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
En un principio, la diputada Mónica Silva Ruiz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dijo que de acuerdo con las nuevas reformas aprobadas la semana pasada, quien debería asumir el cargo era el auditor Especial de Evaluación y Desempeño, Víctor Hugo Aguilar Hernández, aunque éste habría declinado al cargo.
Por ello es que De la Fuente Vélez asumió el cargo mientras se resuelve el conflicto legal en el que está involucrado Romero Serrano desde el año pasado.
El auditor sustituto es originario de Orizaba, Veracruz, aunque estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución de la que también fue secretario General cuando fue rector de la misma, José Doger Corte.
Esta determinación también deberá ser analizada por los integrantes de la recién creada Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, que fue aprobada el viernes pasado y que encabeza la diputada de Morena, Olga Romero Garcí Crespo.
Con nuevas reformas puede ser removido
Es de mencionar que, de acuerdo con las reformas constitucionales aprobadas en diciembre a propuesta del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el auditor puede ser removido si se ausenta de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del legislativo, entre otras causas graves.
Cuando salió a la luz el caso de presunta violencia familiar, se dio a conocer que la denuncia en su contra no fue presentada por su esposa, sino por agentes de la policía municipal de San Andrés Cholula que acudieron al auxilio de la supuesta víctima.
Ante esto, el ahora auditor acusó persecución por parte del gobierno estatal e incluso señaló que con el uso del Poder Judicial lo han hostigado a él y su pareja Joseline Zurita Compañ, así como a su hijo.
Aunque Romero Serrano intentó ampararse con la CNDH, las autoridades judiciales ignoraron las medidas cautelares que se habían emitido y siguieron con el proceso, por lo que el auditor inició otro proceso para evitar su suspensión en el cargo.
R: DJ
