El presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que se tienen que revisar “las letras chiquitas” de la concesión del agua; el PRI consideró complejo revocarla y el PAN pidió que se revise si se han cumplido las cláusulas del contrato.
Por una parte, el morenista comentó que esperará la propuesta que mande el gobernador Miguel Barbosa Huerta, si es que la hay, para poder analizar su viabilidad para que el servicio de agua potable y alcantarillado regrese al municipio para que ya no lo otorgue la empresa Agua de Puebla.
Dijo que por el momento no hay una ruta jurídica que seguir, por lo que es necesario determinar cuál sería la opción a seguir en un futuro para poder abordar este tema, ya no se conoce hasta dónde puedan intervenir los diputados.
Y es que, agregó, tiene que hacerse un estudio “profundo” para conocer las condiciones en que se dio la concesión, así como cuáles serían las acciones que se tomarían al respecto, y las implicaciones económicas y jurídicas que esto implicaría, al recalcar que los municipios deben ser los responsables de brindar los servicios y que éstos sean de calidad.
“El tema del agua será un gran análisis para este periodo para legislatura, no sabemos qué tanta competencia podemos tener nosotros o no, pero habrá que irle dando seguimiento a la estrategia legal que se tenga desde el municipio, que es el primer responsable”, expresó en entrevista este domingo que inició el periodo de sesiones del Legislativo.
Es un tema complejo: PRI
En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Jorge Estefan Chidiac, señaló que el proceso para revertir la concesión es “muy complejo”, porque sería muy costoso e implicaría litigios por varios años, además de que se corre el riesgo de que la gente se quede sin agua.
Sin embargo, reconoció que la empresa no ha cumplido, ya que no ha invertido lo suficiente en infraestructura y para mejor el sistema, por lo que “ha fallado” en este rubro, lo que pudiera ser una atenuante en la intención de anular los derechos que se le dieron para el manejo del servicio en la capital.
No obstante, sostuvo que quitar a la empresa implica generar consecuencias de mediano y largo plazo, por ello el proceso de desprivatización debe pasar por el Congreso local o, en su caso, “controlar” y hacer que cumpla con lo establecido en el contrato.
“Es una decisión donde habrá que buscar un consenso porque cualquiera de las dos soluciones, dejarla, es malo, quitarla es complejo. Es un tema que cuando fui secretario de Finanzas revisamos y vimos que es complejo, además al ayuntamiento lo puede meter en problemas”, expresó.
Primero se debe ver si ha cumplido: PAN
Mientras que el coordinador de la bancada panista, Eduardo Alcántara Montiel, dijo que antes de analizar la posible revocación se debe revisar si la empresa ha cumplido con las cláusulas que se establecieron en el contrato, el cual tendría que hacerlo el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap).
Y es que, dijo, de esta manera se sabría si hay causales o no para “tirarlo”, ya que si no sólo sería un anuncio que no avanzaría y se le estaría “emocionando” a los usuarios de que el servicio va mejorar, cuando la realidad es que no se tiene algo concreto.
Refirió que es una discusión que “ha ido y viniendo” en diferentes legislaturas y solo han sido “llamadas de petate”, porque hasta el momento no ha habido una propuesta real al Congreso para que sea analizada y en todo caso esperarán a que se tenga una formal y en base a eso hacer un posicionamiento.
“Debe haber una justificación punto a punto de lo que ha hecho o cumplido, implicaría un gran esfuerzo al ayuntamiento de Puebla hacerse cargo de ella y se tendría que hacerse un estudio financiero de si puede o no, porque si no se corre el riesgo de que sea peor, no es un tema menor, no solo por la parte técnica sino económica”, asentó.
R: DJ
