El alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que es respetuoso del fallo que dio la Sala Superior del Tepjf sobre que sí violó la veda electoral en el proceso de revocación de mandato, pero sostuvo que no la comparte pues él como autoridad está obligado a informar.
En entrevista, tras poner en marcha la jornada de limpieza urbana en el bulevar Forjadores, el edil panista criticó la resolución porque dentro del dictamen no entiende cómo es que la publicación a través de su cuenta de Twitter para comunicar a los poblanos el trabajo que viene realizando su administración haya afectado la consulta de revocación de mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aseveró que se tiene que privilegiar la información ante los ciudadanos, toda vez que era una “veda atípica” de un derecho de las personas y no tanto por el proceso que concluyó el pasado 10 de abril, por lo que el seguirá dando a conocer su labor.
“Para mi la razón es muy sencilla, no sé cómo un Twitter tenga correlación de cómo afectó el proceso, esa es mi opinión en lo particular, no la comparto, ese es mi argumento de que hay que privilegiar la información ante la opinión pública”, resaltó.
Y es que al analizar el caso los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) En sesión pública el miércoles, determinaron que, en su cuenta de Twitter, aparecía su nombre, además de que es un servidor público y se identificó el cargo que desempeña, que es el de edil, dentro del gobierno municipal.
Difundió propaganda gubernamental: Tepjf
El fallo del Tepjf añadió que el contenido de la publicación hace referencia a una obra pública de su gobierno y, aunado a eso, se consideró que se buscó generar la adhesión o persuasión de la ciudadanía al presentarse un acontecimiento ocurrido en la administración, con una lona de fondo en una pequeña reunión en donde sostiene un micrófono.
De igual forma, señalaron que estos hechos permitieron deducir que hizo uso de la voz y posteriormente hizo la publicación en su red social buscando lograr notoriedad, por lo que difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido.
Tras esto, la Contraloría Municipal, a cargo de Alejandra Escandón Torres, una vez que sea notificada, debe determinar la sanción aplicable al alcalde con base a la sentencia emitida en primera instancia por la Sala Regional Especializada.
R: LGG
