Puebla y 16 estados del país ya eliminaron de sus códigos penales el delito de ultrajes a la autoridad, mientras que 15 entidades aún lo castigan, entre ellos Veracruz, a pesar de que la SCJN lo declaró como inconstitucional por ir contra la libertad de expresión.
Este martes, en la última sesión del periodo ordinario, el Congreso de Puebla aprobó derogar, a propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dicho delito que se definía como “toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pueda implicar ofensa o desprecio”.
Lo anterior, tras un punto de acuerdo que, el pasado 10 de febrero, senadores del grupo parlamentario de Morena promovieron dirigido a las legislaturas cuyos estados lo tuvieran tipificado.
Los otros estados que ya no lo tienen son Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, por lo que suman 17.
En tanto, en donde aún se castiga son Baja California en sus artículos 282 y 317 del Código Penal; Baja California Sur en el 303; Chiapas en el 398; Colima en el 269; Estado de México en los 126 y 127; Guerrero en el 296 e Hidalgo en el 320.
Jalisco en el artículo 134; Oaxaca en los 284 y 285; Quintana Roo en el 219; Sonora en el 165; Tabasco en el 301; Tlaxcala en el 183; Veracruz en el 331 y Zacatecas en el artículo 168 del Código Penal.
Las penas por cometer dicho delito varían, pero en todos contempla prisión, el que menos castiga es de tres meses de cárcel y la más alta de 3 años, así como sanciones o multas económicas dependiente de la entidad.
SCJN declara inconstitucional en Veracruz
En el caso específico de Veracruz, el 28 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 331 del Código Penal, que describe el delito de ultrajes a la autoridad, con 10 votos a favor y solo uno en contra de los ministros.
Dicho ordenamiento establece que se impondrán de seis meses a 2 años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
La inconstitucional se debió a que los ministros consideraron que la norma no cumple el principio de taxatividad, ya que el artículo no describe con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
Dicho delito ha sido defendido por el gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez. La invalidez se dio un día después de que los diputados locales sesionaran para modificar solo dos fracciones de dicha normativo, pero dejaron intactos el delito penal con los agravantes, contrario a lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigía en su recomendación 145/2021 de que se derogara para evitar más violaciones a los derechos humanos.
Por ello, con la sentencia del máximo tribunal judicial del país se estableció que surtirá efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, fecha en que dicho instrumento jurídico entró en vigor con penas agravadas de por lo menos 2 años, por lo que esto dejará en libertad al menos a mil personas solicitando el sobreseimiento ante el juez de control para que deseche los cargos en su contra.
Sobre este tema, apenas este jueves, la senadora panista, Indira de Jesús Rosales San Román, promovió un punto de acuerdo para exhortar al pleno del Congreso de Veracruz a que, de “manera urgente”, apruebe las iniciativas presentadas para derogar los artículos donde se contempla dicho delito.
R: DJ
