El Congreso de Puebla aprobó derogar del Código Penal el delito de ultraje a la autoridad, pues fue empleado por varias autoridades con la finalidad de restringir la labor periodística y el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.
En sesión ordinaria, la integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Isabel Merlo Talavera, dijo que en el poder Legislativo decidieron impulsar esa reforma luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ese delito es inconstitucional, tras estudiar el caso de Veracruz.
Lo anterior porque implicaba la criminalización de la lucha social, de la libre expresión y de la demanda de necesidades que en ocasiones lleva a la desesperación a quien las realiza, ante la inactividad o negligencia de la autoridad y que da pie a que sean criminalizados los “legítimos actos de protesta”.
El artículo 207, el cual se eliminó, daba sanción de un mes a tres años de prisión y multa de uno a 10 días de salario, a aquella persona que cometiera un delito en contra de un funcionario público o agente de la autoridad, en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de éstas.
El artículo 208, que de igual forma fue eliminado, señalaba que “los ultrajes hechos al Congreso del estado, al Tribunal Superior de Justicia, o a un Cuerpo Colegiado de la Administración de Justicia o a cualquiera otra institución pública” también merecían castigo.
El Congreso poblano derogó ambos artículos, que conformaban el capítulo “Delitos cometidos contra funcionarios públicos”, que perseguían en el estado por lo menos desde el 1 de enero de 1987, cuando entró el vigor el Código de Defensa Social, aprobado en el sexenio del exgobernador del PRI Guillermo Jiménez Morales.
Editado por: Fernando Cortijo
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