El diputado Eduardo Alcántara Montiel defendió que su propuesta de exhorto no busca desaparecer cinco juntas auxiliares, sino solo el órgano administrativo que es el presidente y los cuatro regidores, por lo que se mantendrían “los pueblos, usos y costumbres”.
En entrevista, el legislador panista comentó que en San Felipe Hueyotlipan, Ignacio Romero Vargas, Ignacio Zaragoza, San Baltazar Campeche y La Libertad no tienen mayoritariamente población indígena como han querido argumentar, a diferencia de otras como Canoa o La Resurrección, luego de que el viernes pasado algunos pobladores, excandidatos y expresidentes auxiliares afirmaron que no van a permitir que se dé la desaparición de éstas demarcaciones e inclusión anunciaron que harán una consulta.
Al respecto, el diputado sostuvo que quienes se oponen es porque no quieren perder su control de poder y la rentabilidad que representan en términos políticos, por lo que no están pensando en lo que dice la gente, sino solo en mantener un beneficio de clientela electoral.
“Lo que se está pidiendo no es que desaparezca el pueblo, ni de la delimitación territorial, sino un órgano de administración que ya ni tiene funcionamiento y ni da servicios, seguirán siendo un pueblo dentro de la ciudad, pero ya ni tendrán un presidente auxiliar
Sostuvo que si hay actores políticos en contra basan su rechazo bajo el argumento electoral, cuando de acuerdo con la última elección en San Baltazar Campeche del total de la lista nominal solo 2.87 por ciento de la población votó para elegir presidente municipal.
Para el caso de Ignacio Zaragoza el 8 por ciento; en San Felipe Hueyotlipan y La Libertad el 16 por ciento, y en Ignacio Romero Vargas 17 por ciento, por lo que en ningún caso se llegó al 20 por ciento, además de que la participación regular oscila en el 45 por ciento.
Primero debe hacerlo ayuntamiento
Explicó que el proceso de suprimir las juntas auxiliares está establecido en el Código Reglamentario Municipal (Coremun) de Puebla, por lo que el Congreso local no puede hacerlo en primera instancia ni tampoco con una reforma, ya que eso sería inconstitucional.
Por ello, Alcántara Montiel dijo que primero lo debe hacer el gobierno municipal y aprobarlo en el Cabildo para posteriormente dar vista al Congreso local y se vote en el pleno, pero al tratarse de un exhorto, el exhorto puede o no acatarlo el ayuntamiento.
En ese tenor, el diputado panista dijo que en caso de que procediera aplicaría para después de que termine la gestión de los ediles actuales, es decir, hasta 2025, porque no puede ser retroactivo y mientras ello ocurre se tendrían los 17 y cuando entre en vigor habría sólo 12.
“Se dirimiría solo el órgano administrativo que es el edil y los regidores, el ayuntamiento podría poner un delegado o una oficina de atención ciudadana, lo que mejor le convenga para atender la población que en muchos de los casos en las presidencias auxiliares no lo hacen”, expresó.
R: DJ
