El Congreso de Puebla busca establecer que las adquisiciones, arrendamientos y concesiones que hagan los ayuntamientos se ajusten a los ordenamientos jurídicos aplicables en los ámbitos local y federal, a fin de evitar “interpretaciones equivocadas”.
Este viernes, en la sesión de la Comisión Permanente, la diputada morenista Azucena Rosas Tapia presentó una reforma al artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal para que dichos procesos se realicen “sin brincarse los lineamientos en la materia”.
En su redacción actual, dicho artículo dispone que las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como la contratación de obra pública, que realicen los ayuntamientos, se contratarán en los términos y con base en dos leyes
Estas leyes son la de Obra Pública y Servicios Relacionados y la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las demás disposiciones aplicables.
La legisladora expuso que limitar los procedimientos solo a estos ordenamientos causa que las adquisiciones y obras no estén reguladas debidamente.
Por ello, la iniciativa tiene por objeto dotar de certeza al texto de dicho artículo con el fin de brindar mayor seguridad jurídica a través de normas que generen marcos de acción bien definidos, tanto para los particulares como para la autoridad.
De igual forma, busca eliminar toda posibilidad de incertidumbre jurídica, que podría derivar en interpretaciones equivocadas, ausencia del principio de legalidad, entre otras consecuencias negativas al estado de derecho.
Esta iniciativa se presenta luego de que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, buscó concesionar, mediante un proceso licitatorio, los espacios públicos del municipio para uso publicitario por un periodo de 10 años, lo cual fue suspendido tras las críticas que recibió.
Citan leyes inexistentes para dar contratos, señalan
Rosas Tapia señaló que el texto del artículo entraña un error de importancia, pues prevé “leyes inexistentes para la adjudicación de contratos en materia de adquisiciones y obras públicas, lo que implica que tanto particulares como autoridades puedan ver afectada la convicción respecto al ordenamiento legal”.
Por ello, propone corregir la denominación de las leyes estatales, incorporando una redacción que pueda permanecer vigente al paso del tiempo, lo que también se plantea, en el ámbito del marco normativo federal.
Así, agrega al artículo 171 que las adquisiciones, arrendamientos y concesiones en Puebla se sujeten “a los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de adquisiciones y obras públicas, tanto en el ámbito local y federal”.
Agregó que esto permitirá que estos procesos se lleven a cabo sin brincarse ninguna regla que no sea mencionada directamente en el artículo, con lo que se incorporarán los servicios relacionados con la obra pública, a fin de que exista congruencia con las distintas modalidades de contratación en materia de adquisiciones.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Asuntos Municipales y Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis y dictaminación correspondiente.
