La diputada panista Aurora Sierra Rodríguez propuso castigar con hasta 30 años de prisión los ataques con ácido a mujeres en Puebla; en tanto, el priista Néstor Camarillo Medina planteó una pena de 21 años y contempló la obligación de reparación del daño.
Por una parte, la legisladora panista, en sesión del Congreso local el jueves, aprovechó para recordar el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido presuntamente por órdenes de un exdiputado local de Oaxaca.
Catalogó este tipo de agresión como “violencia ácida”, pues los ataques con químicos corrosivos son equiparables a un “feminicidio en vida”, por lo que señaló es necesario tipificar este tipo de casos como un delito en Puebla.
Al hacer énfasis en que, en el estado, el último caso que se dio fue el de la ciudadana Andrea Flores, a principios de agosto, quien fue atacada con ácido afuera de su casa en la colonia Galaxias de Amalucan, lo que le dejó daños en las córneas y otras partes del cuerpo.
Agregó que este tipo de violencia afecta de manera simbólica a las víctimas, pues los agresores buscan una muerte social, emocional y estética, así como lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, lo que genera depresión, cirugías reconstructivas y se ven obligadas a reconfigurar su identidad.
Plantean tipificar agresión con ácido por razón de género
Por ello, la panista planteó hacer una reforma al artículo 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para describir la violencia con sustancias químicas como cualquier acto u omisión que deje una huella en la piel de las mujeres por razón de género.
También busca cambiar el artículo 356 Ter del Código Penal para establecer que comete este tipo de violencia “aquel que realiza cualquier acto u omisión que por sí o por interpósita persona infiera una alteración en la salud u otro daño que deje huella material y lesiones en el cuerpo de una mujer por razón de género, usando para ello cualquier tipo de agente físico, químico, sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable”.
Propone de 20 a 30 años de prisión, 9 más que las de su homólogo priista, Néstor Camarillo Medina, y una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), que son de 19 mil 244 a 48 mil 110 pesos.
Sin embargo, no contempla alguna atención integral para la víctima por los daños que pudieran provocarle. La iniciativa se turnó a Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, así como a la de Igualdad de Género.
Camarillo propuso 21 años de cárcel y reparación
A inicios de junio, el diputado priista presentó una propuesta que contempla adicionar el artículo 309 Bis al Código Penal, en junio propuso imponer de 7 a 13 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor de UMA vigente, que equivale a un monto de los 28 mil 866 a los 67 mil 354 pesos
Y, a su vez, que las penas incrementen hasta dos terceras partes cuando el agresor sea un familiar, una pareja sentimental, una amistad o cualquier persona de confianza. La mínima sería de 11 años y seis meses, mientras que la pena máxima alcanzaría 21 años y ocho meses.
Además, el personal de salud deberá notificar al Ministerio Público todos los casos de lesiones por agentes químicos que reciban para atención médica, mientras que los MP tendrán la obligación de exigir la reparación del daño, integral y adecuada a la gravedad que tenga.
Hasta el momento, los únicos estados donde está tipificado este tipo de violencia son Oaxaca, Baja California Sur. Aguascalientes. San Luis Potosí. Hidalgo. Ciudad de México y el Estado de México.
Sin embargo, es de resaltar que, en el caso de Oaxaca, a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, a pesar de que el estado es el que debe pugnar por la reparación del daño, el gobierno estatal le quitó los recursos para sus tratamientos dermatológicos y quirúrgicos, lo cual –acusó la víctima– se debió a que exhibió a la esposa del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de plagio de textiles indígenas.
