El aún auditor Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) le fabrica un delito usando pruebas falsas, por lo que tramitó un amparo para evitar ser detenido.
A través de su cuenta de Twitter, Romero Serrano indicó que la FGE lo persigue por un delito que no cometió.
Y es que el lunes se informó que se le vinculó a proceso por el delito de violencia familiar, a lo que el auditor comentó que se hizo en base a videos editados, mismos que usaron como evidencia.
Asimismo, señaló, la FGE ignoró el testimonio de la supuesta víctima, el hijo de su pareja sentimental, quien desmintió las acusaciones de violencia familiar.
Romero Serrano también detalló que aunque los policías que supuestamente atestiguaron los hechos declararon que él estaba en posesión de un arma, esto no pudo ser comprobado.
Permítanme precisar algunos aspectos de su logro @FiscaliaPuebla
Nos vemos en el juicio de amparo. pic.twitter.com/GahLpzQq2y
— Francisco Romero Serrano (@aud_francisco) February 22, 2022
Además, dijo que también se manifestó que en el presunto conato, donde el auditor habría cometido violencia familiar, tres personas resultaron heridas, lo que tampoco pudo ser sostenido, ya que no se presentaron las evidencias para respaldar lo dicho.
Romero Serrano recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió medidas cautelares pedidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que no siguiera el proceso y que ésta última había otorgado a favor del auditor, para luego echarse para atrás.
Se debe precisar que en su pronunciamiento, publicado en sus redes sociales, indicó que tramitará un amparo, esto con el fin de evitar su detención, pues aunque fue vinculado a proceso, no significa que deba pisar la cárcel.
Sin embargo, la FGE le aplicó medidas cautelares como abstenerse de molestar a la víctima, separación inmediata del domicilio, firma periódica y la suspensión temporal laboral, motivo por el que tuvo que ser nombrado Rubén de la Fuente Vélez como titular interino de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
