La diputada Mónica Silva Ruiz propuso retirar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio; una pena de ocho años a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como inhabilitarlos 10 años.
Lo anterior, durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, en donde la legisladora petista presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a los artículos 628, 629, 633 y 634 del Código Civil y los artículos 338 Bis, 338 Ter y 338 Quater del Código Penal.
Al hacer uso de la tribuna, manifestó que una de las consecuencias que generan este tipo de delitos son las víctimas indirectas, que son los hijos y que, en muchos de los casos, son familiares del agresor.
Detalló que la iniciativa nació del caso de la activista feminista, Cecilia Monzón Pérez, quien fue víctima de feminicidio en mayo pasado y entre los implicados está su expareja sentimental, Javier N., quien pretendía quedarse con el cuidado del hijo que ambos procrearon, a pesar de estar preso.
“Todos conocemos este caso que dejó, no solo un vacío en la sociedad, sino en las organizaciones civiles, en las personas defensoras en derechos humanos, feministas y mujeres que recibieron su ayuda para salir de la violencia en la que vivían y ese es el motivo de estas reformas que se presentan”, asentó.
De 3 a 8 años de prisión para funcionarios omisos
En ese tenor, de acuerdo con el dictamen se plantea agregar un párrafo al artículo 338 BIS del Código Penal para castigar a quien dolosamente en el ejercicio de una función pública propicie, promueva o tolere la impunidad; así como omita, retarde o entorpezca la investigación, persecución y sanción del delito, lo cual se castigará con una pena de 3 a 8 años de prisión.
Además de una multa de 500 a mil 500 días, es decir de 86 mil 435 a 259 mil 305 pesos, así como será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público.
También aplicará para tentativa de feminicidio
También se propone agregar un párrafo al artículo 338 Ter para establecer que en el caso de que tenga hijas e/o hijos con la víctima, el sujeto activo en su caso, perderá sobre ellas y/o ellos la patria potestad, tutela, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, y el derecho de alimentos que le correspondiere. Sanción que se aplicará igualmente en caso de tentativa.
Mientras que en el 338 Quater se contempla agregar que la pena de 50 a 70 años que ya se tiene a quien cometa este delito contra adultos mayores, con discapacidad o niños en Puebla, se aplicará en caso de que se cometa frente a cualquier víctima indirecta.
En tanto, las reformas al Código Civil en el artículo 628 proponen agregar la fracción I Bis para establecer que se pierde la patria potestad cuando el titular de ella sea condenado por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes. En el artículo 633 se agrega un párrafo para suspender los derechos a quien le sea dictado el auto de vinculación a proceso por este delito.
Y en el artículo 634 se propone que el juez puede en beneficio de las niñas, niños y adolescentes modificar el ejercicio de la patria potestad o custodia cuando la tenga decretada judicialmente, ya sea provisional o definitiva”.
Esto aplicará para que quien la ejerce realice conductas reiteradas para evitar su convivencia con las personas que tengan reconocido judicialmente su derecho a la misma, o, en su caso, cuando exista auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y en su caso aprobación.
