Multas de 48 mil a 96 mil pesos, así como hasta 15 años de cárcel, plantea la versión de la Ley Ingrid estatal propuesta desde la bancada del PRI en el Congreso de Puebla, con el fin sancionar la difusión de material de menores y mujeres víctimas de violencia.
La iniciativa, presentada por el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, plantea revivir el artículo 422 que, dejó de estar vigente en 2012 en el Código Penal de Puebla, además de una multa desde los 48 mil 110 hasta los 96 mil 220 pesos.
Lo anterior, a quien fotografíe, videograbe, reproduzca, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios o evidencia de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte.
La penas de prisión se mantienen en 4 a 10 años de prisión y se incrementan 50 por ciento cuando se trate de circunstancias de muerte, de lesiones o de estado de salud de mujeres, niñas, niños adolescentes con el fin de afectar la dignidad de las víctimas, por lo que la pena máxima llegaría a 15 años, como lo planteaba la iniciativa presentada desde la bancada de Morena en mayo pasado.
Por otro lado, si quien comete el delito es un servidor público, a parte de las sanciones ya mencionadas, será destituido e inhabilitado de su cargo de manera definitiva.
